A dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, el equilibrio fiscal ha dejado de ser una promesa de campaña para convertirse en el mantra que rige la administración nacional. Sin embargo, mientras la inflación retrocede a niveles pre pandémicos y las cuentas nacionales se ordenan, el ecosistema bonaerense parece haber entrado en una fase de "metástasis tributaria".
17 de marzo de 2026 - 19:15
De la gestión a la rapiña: el nuevo rol de las intendencias bonaerenses
Ante el repliegue de fondos nacionales y la inacción de La Plata, los intendentes bonaerenses han transformado sus distritos en feudos fiscales. El resultado: una red de tasas absurdas que asfixia al productor y al comerciante, mientras el costo político de la voracidad empieza a cobrar factura de cara a 2027.
El ajuste que Nación ejecuta para sanear el país impacta de lleno en una Provincia que, acostumbrada al auxilio discrecional, ahora traslada su anemia financiera directamente a los municipios.
Desde el sillón de Dardo Rocha, el discurso oficial se limita al pase de facturas: denuncian la parálisis de la obra pública y el fin de los giros de emergencia. Pero detrás de la queja política se esconde una realidad matemática: la coparticipación que gotea desde La Plata se ha vuelto tan escueta que ha obligado a los intendentes a abandonar la gestión para dedicarse a la arqueología fiscal, buscando recursos hasta debajo de las piedras.
Regla de supervivencia
En este nuevo escenario, los municipios han transformado lo que alguna vez fue una excepción en la regla de supervivencia. La histórica tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) -aquel contrato básico entre vecino y comuna- ha mutado en una ingeniería de rapiña. Lo que antes era un servicio visible, hoy es un laberinto de "tasas creativas":
Alícuotas de Seguridad e Higiene que operan como un Ingresos Brutos encubierto y cánones extraordinarios que asfixian a las grandes superficies comerciales.
Lo insólito de esta situación es que los municipios han dejado de ser administradores de servicios para convertirse en "cazadores de hechos imponibles". La creatividad tributaria ha parido absurdos que rozan lo ridículo: desde la "tasa al surtidor" en distritos como Azul o Coronel Suárez, donde se castiga al que produce para tapar baches, hasta el delirio de cobrarle a un almacenero por el logo de una gaseosa en su propia heladera bajo el concepto de "Publicidad y Propaganda".
En Luján, la logística paga peaje con tasas de "Carga y Descarga", mientras otros distritos se lanzan sobre la inspección de antenas o la disposición de neumáticos. El resultado es un sistema de aduanas internas que licúa cualquier intento de competitividad.
El pequeño productor o el comerciante del interior bonaerense -ese que observa las disputas de la Ciudad de las Diagonales con la distancia de quien sabe que nunca será prioridad- vive una paradoja cruel. Debería estar sintiendo en su bolsillo el alivio de la simplificación fiscal que se pregona desde la Casa Rosada, pero ese aire se lo termina succionando la municipalidad a la vuelta de su casa. Mientras la Nación ajusta y ordena, los intendentes, incapaces de reformar sus estructuras de gasto elefantiásicas, prefieren la vía rápida de la voracidad fiscal.
Una cara que no refleja servicios
La Gobernación, por su parte, luce apagada. Lejos quedó la agilidad de los tiempos para aceitar los engranajes municipales con fondos frescos; hoy La Plata es un cuello de botella que no responde. El federalismo argentino ha derivado en una transferencia de costos sin precedentes: el municipio es hoy la primera cara que el vecino ve, pero esa cara ya no refleja servicios, sino una urgencia recaudatoria que deja al ciudadano en una soledad fiscal inédita.
Paga impuestos nacionales por un Estado que se retira de lo innecesario, pero sigue pagando tasas locales por servicios que, a la vista de cualquier bache, simplemente no llegan.
Mientras el calendario electoral de 2027 empieza a asomar como una sombra inevitable, el terreno bonaerense se muestra cada vez más hostil para los oficialismos locales. Los intendentes, que históricamente blindaban su territorio con una gestión de cercanía, hoy se encuentran con una realidad que les devuelve un eco inesperado: el hartazgo del comerciante.
La campaña ya no es el despliegue de pasacalles y caminatas, sino una huida hacia adelante, donde los políticos recorren locales solo para ser recibidos por reclamos sobre tasas asfixiantes y servicios ausentes. En este contexto, la "voracidad" municipal no solo está licuando la rentabilidad del sector privado, sino que empieza a erosionar el capital político de quienes, atrapados entre la falta de fondos provinciales y la presión de sus propios balances, han convertido al contribuyente en su único -y cada vez más reticente- proveedor.
"Peajes internos"
La pregunta que flota en los comercios de toda la provincia ya no es quién será el próximo candidato, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse este sistema de "peajes internos" antes de que la factura política sea, finalmente, impagable.
Recorrer los municipios bonaerenses se ha vuelto hoy un ejercicio de supervivencia: transitar por una red de pequeños feudos donde el cobro de tasas, lejos de ser un servicio, se asemeja a una aduana precarizada. Allí, comerciantes, transportistas y productores son conducidos al matadero fiscal para ser, en la práctica, aquejados por administraciones que solo ven en el bolsillo ajeno la salida a su propia incapacidad de gestión.
Es innegable que la presión sobre el jefe comunal es distinta a la del funcionario nacional: el intendente no habita un despacho abstracto en la Capital, sino que se cruza a sus contribuyentes en la vereda, en el club del barrio o en el supermercado. Esta cercanía, que históricamente fue el motor de la gestión local, hoy se ha transformado en su mayor carga.
Ante el recorte de fondos nacionales y la inacción provincial, el intendente se encuentra en un callejón sin salida: si recorta el gasto municipal, paraliza el corazón social de su distrito; si no lo hace, debe recurrir a la voracidad fiscal para tapar los huecos.
Así, el jefe comunal se vuelve, de facto, un rehén de su propia gestión: obligado a 'inventar' tasas para mantener una apariencia de normalidad, mientras ve cómo su capital político se licúa con cada nuevo cargo que, en la práctica, castiga a quienes debería proteger. Es la tragedia del intendente que, al intentar salvar su administración de la asfixia financiera, termina convirtiéndose en el principal enemigo de su propio electorado. Una especie de quimera que se come a sí mismo. Mientras nosotros, somos devorados también por él.