Por instrucción del gobernador Axel Kicillof, la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires trabaja en conjunto con el municipio de Lomas de Zamora para ofrecer apoyo jurídico a más de 20.000 trabajadores del polo comercial La Salada, en un proceso que busca formalizar y regularizar la actividad.
28 de junio de 2025 - 15:17
Con asistencia jurídica, la Provincia acompaña a los feriantes de La Salada en su regularización
El Gobierno activó un operativo de asistencia legal integral a los trabajadores de las ferias, en coordinación con el municipio de Lomas de Zamora. La iniciativa es encabezada por la Asesoría General de Gobierno bajo la dirección de Santiago Carlos Pérez Teruel.
Tras la reapertura parcial del histórico predio de La Salada, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires activó un operativo de asistencia legal integral a los trabajadores de las ferias, en coordinación con el municipio de Lomas de Zamora. La iniciativa, encabezada por la Asesoría General de Gobierno bajo la dirección de Santiago Carlos Pérez Teruel, se enmarca en una estrategia estatal destinada a mejorar las condiciones jurídicas y económicas de más de 20.000 feriantes.
La medida responde a una instrucción directa del gobernador Axel Kicillof y contempla el trabajo articulado de diversas áreas del Ejecutivo bonaerense. El objetivo es acercar herramientas jurídicas, impositivas y administrativas que permitan ordenar y formalizar una actividad económica que ha funcionado durante años en condiciones precarias e informales.
La intervención de la Asesoría General incluye asesoramiento legal directo a los feriantes, orientación en trámites vinculados a la actividad comercial, y acompañamiento en el proceso de regularización fiscal mediante la inscripción en el régimen de Ingresos Brutos Simplificado, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). También se promueve la adopción de instrumentos financieros digitales, como la Cuenta DNI Comercios, para fortalecer la inclusión financiera del sector.
La asistencia jurídica forma parte de una acción más amplia que involucra también al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Banco Provincia y el propio municipio de Lomas de Zamora, conducido por Federico Otermín. Todos estos organismos trabajan en conjunto para garantizar que el retorno a la actividad se realice en un marco de legalidad, seguridad y sostenibilidad.
Reapertura bajo control judicial
El 16 de junio, por decisión del juez federal Luis Armella, se autorizó la reapertura de dos de las tres ferias que integran el predio de La Salada: Urkupiña y Ocean. La tercera, Punta Mogote, permanece cerrada por el momento. La feria había sido clausurada el 22 de mayo, en el marco de una causa judicial que investiga a Jorge Castillo, conocido como “el Rey de La Salada”.
La reapertura se produjo bajo estrictas condiciones judiciales. El fallo exige a las sociedades administradoras designar nuevas autoridades en un plazo de 90 días, presentar inventarios y balances, llevar registros contables y reportar mensualmente los movimientos económicos. Además, se prohíbe expresamente la comercialización de productos falsificados, lo que representaba históricamente un alto porcentaje de las ventas del predio.
El fallo también dispuso la intervención de un administrador judicial, en reemplazo de las autoridades actuales, y un fuerte esquema de fiscalización y seguridad, en el que intervienen la Policía Federal, fuerzas de seguridad provinciales y personal del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Acompañamiento estatal para un cambio estructural
La reapertura de La Salada abre una etapa de transición hacia un modelo más transparente y regulado para la economía popular que allí se desarrolla. El dispositivo de asistencia legal puesto en marcha por la Provincia se propone no sólo cumplir con los requerimientos judiciales, sino también sostener la actividad de miles de feriantes que dependen económicamente del predio.
Desde el Gobierno bonaerense se considera que una reapertura sin acompañamiento estatal habría significado un alto riesgo de desprotección y conflicto social. Por eso, el despliegue de herramientas legales, tributarias y financieras apunta a construir condiciones para que los trabajadores puedan continuar su actividad de forma legal, segura y con acceso a derechos. (DIB)
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