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22 de julio de 2019 - 10:37

Cristina pidió enviar a juicio oral la causa de los cuadernos de las coimas

La Plata, jul 22 (DIB).- La ex presidenta Cristina Fernández
de Kirchner pidió ser enviada a juicio oral en la causa por los cuadernos de la
corrupción en la que está procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y
cohecho pasivo.

En un escrito entregado al juez federal Claudio Bonadio, el
abogado defensor de la actual senadora, Carlos Beraldi, consideró
“imprescindible” que el caso llegue a juicio oral ante las
“ilicitudes” de la investigación y para que lo ocurrido sea ventilado
en esa instancia. La precandidata a vicepresidenta está procesada con prisión
preventiva pero sigue en libertad porque tiene fueros parlamentarios como
senadora nacional.

“Ante la ausencia manifiesta de un órgano
jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar” la cadena de
“ilicitudes” que se llevaron adelante en el expediente, la defensa
entendió que era “imprescindible” pasar al juicio oral para
reclamar allí, “una vez más, el restablecimiento de los principios
constitucionales que hacen al debido proceso legal, del que deben gozar todos
los habitantes de la Nación, sin excepción alguna”, según el escrito que
fue entregado a Bonadio. También aludió a “detenciones arbitrarias a
mansalva” y cuestionó la forma en que se usó la llamada “ley del
arrepentido”.

“Terminó siendo utilizada como un medio coactivo no
sólo para arrancar supuestas confesiones a los imputados, sino también para
manipular sus dichos, siempre en una misma dirección: imputar, como sea y por
cualquier delito, a mi representada”, advirtió Beraldi.

En la presentación, Beraldi hizo un repaso del caso.
“La causa se inició a partir de un supuesto elemento de prueba
obtenido por medios ilegales: los presuntos cuadernos del chofer Oscar
Centeno”, afirmó. “Según fue informado, estas presuntas anotaciones
habrían sido sustraídas a su titular por el ex sargento de la Policía Federal
Argentina, Jorge Bacigalupo, para luego ser entregadas al periodista Diego
Cabot” y luego, “el juez y el fiscal llevaron a cabo una inequívoca
maniobra de fórum shopping para retener la causa sin practicar el sorteo
correspondiente, en contra de lo previsto en la ley vigente”, invocando
“un presupuesto totalmente falso, esto es, una presunta conexidad con la
causa del Gas Licuado”.

“Los supuestos cuadernos nunca aparecieron y sólo obra
en la causa lo que serían fotocopias de los mismos”, se señaló.
“Insólitamente, el juez y el fiscal habrían tenido noticias de estos
supuestos cuadernos desde marzo del año 2018 y pese a tratarse de una prueba
básica, recién fueron a buscarla cinco meses más tarde -junto con Oscar
Centeno-, cuando el proceso había tomado estado público” y se habían
ordenado las detenciones de ex funcionarios y empresarios.

Fue entonces, se añadió, cuando “Centeno habría
confesado que incineró los supuestos cuadernos en la parrilla de su casa, no
obstante lo cual pasó a ser considerado por los instructores como un importante
colaborador en la búsqueda de la verdad”. Precisamente, Centeno ya
pidió su sobreseimiento para no llegar a juicio oral. Uno de los puntos
clave que tuvo el caso fue la aplicación de la figura del imputado colaborador.
El primero fue Centeno, pero después se sumaron empresarios y más tarde ex
funcionarios, que hicieron acuerdos con la fiscalía y lograron esquivar o salir
de la cárcel, luego de que el juez validara esas declaraciones.

 

Detenciones arbitrarias

“Como es de público conocimiento, se realizaron
detenciones arbitrarias a mansalva y se efectuó una aplicación totalmente
ilegítima de la ley 27.304, la cual terminó siendo utilizada como un medio
coactivo no sólo para arrancar supuestas confesiones a los imputados, sino
también para manipular sus dichos, siempre en una misma dirección: imputar,
como sea y por cualquier delito, a mi representada”, afirmó la defensa de
Fernández de Kirchner. “Así, decenas de imputados fueron colocados
ante la siguiente disyuntiva: o reconocían la comisión de supuestos delitos,
vinculando a la ex Presidente de la Nación con los mismos, o serían privados de
su libertad por un lapso indefinido”, sostuvo.

Beraldi manifestó que “en un pícaro intento
por no dejar rastros de estos atropellos, de manera deliberada se omitió
obtener registros audiovisuales de estos actos procesales, vulnerando la
clara disposición prevista en el artículo 6 de la ley 27.304???, pero “como
la mentira tiene patas cortas quedó expuesto públicamente que las actas que
documentaron las supuestas declaraciones de los arrepentidos no eran un fiel
reflejo de las mismas”.

Y citó a “prestigiosos abogados defensores que actúan
en la causa e incluso el dueño de un importante medio periodístico”, pero
afirmó que “la reacción no fue otra que la de bloquear la posibilidad de
que potenciales testigos de estas ilicitudes prestaran declaración,
fabricándose una falsa imputación de que todo esto era una maniobra para que el
titular de este Juzgado fuera despojado de la causa”.

Bonadio dio por cerrada de manera parcial la investigación y
pidió opinión a las partes sobre el envío a sorteo de un Tribunal Oral. La
fiscalía pidió enviar a juicio a la ex mandataria, ex funcionarios procesados y
empresarios. También lo hicieron los organismos querellantes y ahora es el
turno de todas las defensas.
Algunos empresarios, como Aldo Roggio, ya presentaron escritos para oponerse a
que el caso sea enviado por ahora a juicio. Una vez que tenga todas las
opiniones el juez resolverá. (DIB) FD

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