Las instituciones aclararon las instancias legales en las que se atendió a la menor, conforme a la Ley de Interrupción legal del Embarazo, para el caso de una menor abusada.
Mientras avanza la investigación por el caso de la nena de 12 años que quedó embarazada producto de una violación en Santiago del Estero, la clínica Santa María de la localidad de Villa Ballester difundió un comunicado para aclarar el vínculo con la ONG que gestionó la atención de la menor y cambiar la perspectiva con la que se hizo alusión al tema en medios de comunicación.
“Nos vemos en la obligación de brindar la presente comunicación aclaratoria. En primer lugar, corresponde informar que la Fundación Cígesar, presidida por el doctor Damián Levy, contrató a nuestra clínica exclusivamente la infraestructura necesaria para la atención de sus pacientes, desarrollando dicha atención con su propio equipo médico y paramédico", expresó el comunicado del centro de salud.
Asimismo, con ánimo de dar un enfoque menos sensacionalista al caso que circuló por medios de comunicación y redes sociales con calificativos como “horror”, la clínica aseguró que la situación que dio origen a las versiones difundidas “se vincula con la atención de un paciente menor de edad cuya causa penal tramita en un juzgado de Control y Garantías N°5 de la Circunscripción de Monte Quemado en Santiago del Estero".
En ese sentido, aseguró que la paciente estaba bajo atención de la fundación y no del centro médico: “Frente a las temerarias afirmaciones referidas a un supuesto tráfico de recién nacidos, corresponde aclarar en forma categórica que la clínica Santa María no cuenta con servicio de obstetricia, ni realiza prácticas, procedimientos o prestaciones vinculadas con dicha especialidad”.
A su vez, el documento detalló sobre el allanamiento que se llevó a cabo este lunes: “La clínica recibió una inspección del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Luego de esa revisión, dicho organismo informó públicamente, ese comunicado lo recibimos, que la institución cumple con las normas vigentes y que todo lo que aquí se efectúa se hace dentro de la ley, y que la causa vinculada a la paciente mencionada se encuentra debidamente judicializada en su provincia de origen".
En la misma línea, la Fundación Cígesar emitió un comunicado para dar su versión de los hechos: “La Clínica Santa María mantiene un convenio con la Fundación Cígesar mediante el cual se alquilan las instalaciones para la realización de prácticas que requieren quirófano o internación".
En relación con el procedimiento cuestionado, indicaron: “Todas las prácticas realizadas se llevan dentro del marco legal vigente cumpliendo con la normativa aplicable y con los estándares de calidad de atención establecidos en los protocolos sanitarios vigentes”.
“En este caso, intervinieron autoridades en el marco de actuaciones judiciales con el objetivo de resguardar material genético necesario para la investigación de la violencia sexual que dio origen a la práctica”, agregaron.
Finalmente, la fundación denunció la difusión de información sensible: “De manera irregular se filtró información a medios de comunicación en vulneración de la confidencialidad, la privacidad de la paciente y la reserva que rige este tipo de procesos. Esta filtración ha dado lugar a interpretaciones erróneas y a la circulación de información inexacta sobre lo ocurrido”.
“Corresponde reiterar que la totalidad de la atención se brindó dentro del marco legal vigente y que la clínica cuenta con todas las habilitaciones y condiciones necesarias para garantizar estas prácticas seguras y de calidad”, concluyó.
El caso cobró estado público ante la preocupación que suscitó que la niña no se presentara a una consulta. En esa circunstancia, trascendió además que en la clínica mencionada se habían encontrado ocho fetos en bolsas, como residuo biológico. Lo cierto es que en la clínica se respeta a Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y se realizan las prácticas debidamente y en las condiciones sanitarias requeridas. En el caso de la menor, la ley es más determinante, ya que se trata de una menor de edad abusada sexualmente, por lo que la vulnerabilidad del caso es sumamente delicada. Se aplica el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La investigación que se inició involucra a tres jurisdicciones: la Justicia federal de Tres de Febrero investiga el accionar de la ONG; la Justicia provincial de San Martín analiza el hallazgo de los fetos y si las interrupciones del embarazo fueron legales; y la Justicia de Santiago del Estero sigue adelante con la causa por abuso sexual y la búsqueda de los prófugos.
La menor, que viajó a Buenos Aires en una situación de extrema vulnerabilidad junto a su madre, quien no sabe leer ni escribir, ya está de regreso en su provincia natal luego de ser atendida dentro de los marcos que establece la ley para dar fin aun embarazo producto de una violación.
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