La Cámara de Diputados pondrá como principal tema de su agenda, en los primeros días de agosto, el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal que impulsa el Gobierno. La iniciativa, presentada ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, busca sumar contribuyentes que aún mantienen dólares fuera del sistema financiero, un universo que la Casa Rosada estima en unos US$170.000 millones no declarados.
En la conferencia de prensa, Caputo resumió el diagnóstico oficial con una frase que apuntó directamente a esos ahorros: “Tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio”.
Tras el receso invernal, La Libertad Avanza buscará acuerdos con los bloques dialoguistas —UCR, PRO, Innovación Federal y otros espacios provinciales— para garantizar la aprobación, tal como ocurrió en diciembre con la primera versión de la ley.
Las negociaciones estarán a cargo del presidente de la Cámara, Martín Menem, y de los titulares de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.
El oficialismo tiene 95 legisladores propios y necesita sumar al menos 34 más para reunir el quórum de 129 y sancionar el proyecto, por lo que apuntará a los votos de Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo y La Neuquinidad, que en conjunto aportan 36 bancas, además de intentar sumar a un sector de Provincias Unidas que hasta diciembre integraba el PRO.
¿Qué dice el proyecto?
Entre los cambios centrales, el proyecto extiende a todos los contribuyentes el acceso al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, hoy reservado a quienes declaran ingresos anuales superiores a los mil millones de pesos y un patrimonio de $10.000 millones. También eleva del 15% al 30% el umbral de discrepancia entre ingresos y bienes declarados que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a iniciar revisiones, un punto que los contadores venían reclamando como corrección urgente a la ley vigente.
Ese ajuste responde a una de las mayores objeciones del actual esquema: la norma en vigencia no permite presentar una declaración jurada rectificativa si ARCA detecta una diferencia equivalente al 15% del impuesto determinado, sin importar el monto involucrado, lo que podía hacer perder el beneficio del “tapón fiscal” incluso por diferencias mínimas. La reforma apunta a permitir que esas discrepancias se regularicen sin que el contribuyente pierda el efecto liberatorio sobre períodos anteriores.
La urgencia legislativa tiene un componente de calendario. Este año el pago del Régimen Simplificado de Ganancias vence el 27 de julio, mientras que la presentación de la declaración jurada quedó postergada hasta el 27 de agosto, un desdoblamiento excepcional que generó dudas entre los contadores sobre qué ocurriría si, al momento de declarar, aparecen diferencias con lo pagado. Caputo les adelantó a los profesionales que lo asesoran que, una vez aprobada la reforma, esas indefiniciones se resolverán por decreto reglamentario y resoluciones específicas de ARCA, y que quienes paguen de menos podrán cancelar el diferencial sin perder el beneficio. Si el Congreso no sanciona la ley dentro de ese plazo de un mes, el propio esquema oficial admite que la exteriorización de los dólares podría quedar para más adelante, ya con las normas actuales vigentes al momento de declarar.
El antecedente que condiciona el debate es el escándalo por el crecimiento patrimonial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien utilizó la ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada. A partir de ese episodio, Unión por la Patria adelantó que buscará introducir cambios acotados a los contribuyentes “políticamente expuestos”: el diputado Eduardo Valdés impulsa una modificación para prohibir que funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, y sus familiares, se beneficien del régimen simplificado.
Queda además sin resolver la situación de las provincias que no adhieran al esquema nacional. Fiscos como el de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) podrían reclamar impuestos de períodos anteriores por la vía de Ingresos Brutos a quienes exterioricen dólares, bajo la presunción de una omisión de facturación previa, un punto que el proyecto nacional no contempla y para el que no habría, por ahora, disposición a hacer excepciones.
Por el momento, en el oficialismo no se descuenta un rechazo directo del Congreso al proyecto, a diferencia de lo ocurrido con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que debió postergarse por falta de votos. De todos modos, la aprobación exprés que necesita el Gobierno —para que la ley entre en vigencia antes de que se agote el actual esquema de vencimientos— dependerá de que Diputados y Senado acompañen con la misma celeridad que exige el cronograma fiscal.
Fuente: Agencia DIB.
