Son diez las personas que habrían integrado la organización. A todos se les atribuye el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por la participación organizada de tres o más personas.
Tráfico y comercio de droga en penales bonaerenses.
Ministerio Público FiscalEl Ministerio Público Fiscal solicitó la detención y declaración indagatoria de cuatro personas y la ampliación de la imputación de otras seis que ya se encontraban procesadas en una investigación por tráfico y comercio de estupefacientes en el interior de dos unidades penitenciarias bonaerenses.
El avance de la investigación permitió identificar la posible participación de otras cuatro personas, tres de ellas actualmente detenidas en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela. Las tareas investigativas estuvieron a cargo de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul.
En ese marco, comenzó la ronda de declaraciones indagatorias por disposición del juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio. Son diez las personas que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían integrado la organización investigada. A todos se les atribuye, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por la participación organizada de tres o más personas.
La pesquisa sostiene que la estructura operaba al menos desde marzo de 2024 y hasta septiembre de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Virreyes, Florencio Varela y en el interior de las Unidades Penitenciarias N° 2 de Sierra Chica y N° 32 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La hipótesis reconstruida distingue entre quienes habrían abastecido de droga a los establecimientos y quienes, estando privados de su libertad, se habrían encargado de su distribución y venta a otros internos.
De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal, la pesquisa incluso contó con la cooperación del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, en el marco de una causa de trámite en aquel juzgado, en la que se detuvo a una de las mujeres que estaba siendo investigada por la fiscalía de Azul y que terminó condenada por el Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata, también por infracción a la ley de estupefacientes.
Dice “Fiscales”, la investigación se inició en mayo de 2024 como desprendimiento de un expediente que tramitaba desde el año anterior y que dio cuenta de la existencia de un delito de acción pública que no tenía relación con el objeto procesal de aquellas actuaciones. En ese marco, el análisis de un teléfono celular secuestrado permitió detectar una conversación del 15 de marzo de 2024 en la que un detenido negociaba la compra de estupefacientes desde el interior de la Unidad N°2 de Sierra Chica. En esas comunicaciones aparecían dos personas identificadas como “Chino Nuevooo” y “Nico del fondo”. La operación consistió en la compra de droga por $ 14.000: el dinero fue transferido a una cuenta de Mercado Pago a nombre de AMG, quien se encontraba detenido en la Unidad N° 2. Los informes de las empresas telefónicas permitieron además vincular el abonado utilizado por “Chino Nuevooo” con esa persona y ubicarlo en Sierra Chica al momento de la transacción.
A partir de esa primera línea investigativa, las tareas realizadas por la Sede Fiscal Descentralizada de Azul permitieron identificar a los integrantes de una organización criminal con actividad tanto dentro como fuera de los establecimientos penitenciarios. Para ello se analizaron comunicaciones, movimientos bancarios, información proporcionada por el Servicio Penitenciario Bonaerense, testimonios y el resultado de allanamientos y requisas.
En septiembre de 2025 se realizaron allanamientos en domicilios y celdas vinculados con la investigación. Se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones y estupefacientes. En particular, se hallaron casi 900 gramos de cocaína y más de medio kilo de marihuana, parte de la sustancia fraccionada y acondicionada para la venta.
A partir de esos procedimientos, el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, procesó a las primeras seis personas imputadas, la mayoría de ellas con parentesco entre sí. El avance posterior de la investigación permitió incorporar nuevos hechos y elementos que, según el Ministerio Público Fiscal, justifican ahora la ampliación de sus imputaciones y el avance sobre otras cuatro personas.
Fuente: Agencia DIB
