El Gobierno dispuso una nueva intervención de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) y ordenó el desplazamiento de sus autoridades por un plazo de 180 días hábiles administrativos.
2 de septiembre de 2026 - 16:47
El Gobierno intervino nuevamente la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas
El Ministerio de Justicia dispuso por 180 días la intervención con desplazamiento de autoridades de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).
La medida fue establecida por el Ministerio de Justicia mediante la Resolución 409/2026 y tiene como objetivo revisar la situación institucional, económica y financiera de la entidad y avanzar en un proceso de saneamiento.
La decisión se tomó luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) detectara una serie de incumplimientos que, según consta en la resolución, comprometen el normal funcionamiento de la organización.
Deterioro de las cuentas
Uno de los principales argumentos esgrimidos por el organismo de contralor es el deterioro de las cuentas de CATAC. Durante una intervención anterior se había constatado un “severo desequilibrio económico-financiero”, con un déficit promedio equivalente al 140% de los ingresos de la entidad.
Según el Ministerio de Justicia, esa situación comprometía la viabilidad operativa, la prestación de servicios y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
CATAC ya había sido intervenida en 2024 a raíz de un conflicto institucional. La medida fue posteriormente modificada y prorrogada, hasta que finalmente la intervención concluyó y en diciembre de 2025 se produjo la renovación de autoridades. La conducción anterior resultó reelecta y su inscripción ante la IGJ se concretó en febrero de 2026.
Sin embargo, para el Gobierno, los problemas detectados durante la primera intervención no fueron solucionados. La resolución señala que actualmente continúan pendientes los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados de 2012, 2014 y 2020 a 2025.
La falta de esa documentación, según la IGJ, impide disponer de información económica y patrimonial completa y actualizada, y dificulta las tareas de fiscalización sobre la entidad. Además, el organismo sostiene que las actuales autoridades no presentaron documentación destinada a regularizar esos incumplimientos ni acreditaron la implementación de medidas eficaces para revertir la situación financiera.
Nueva denuncia
A este escenario se sumó una nueva denuncia presentada ante la IGJ, en la que se formularon cuestionamientos sobre el funcionamiento de CATAC durante el período de intervención anterior. Entre otros puntos, se planteó la posible existencia de una administración paralela ejercida por personas sin legitimación y se cuestionaron actuaciones relacionadas con acuerdos paritarios, precios y tarifas del sector, además de balances y estados contables.
No obstante, el Ministerio de Justicia aclaró que esas denuncias no pueden utilizarse para revisar la intervención anterior, ya que aquella gestión había sido aprobada y su cese dispuesto mediante una resolución de la IGJ que no fue impugnada. Sí consideró, en cambio, que los nuevos elementos justifican profundizar la fiscalización sobre la situación actual de la Confederación.
La resolución también pone el foco en la continuidad de buena parte de la conducción. Según el documento, las actuales autoridades integraban sustancialmente la conducción que estaba al frente de CATAC antes de la intervención, sin que se haya acreditado que las circunstancias que habían originado aquella medida fueran superadas.
El interventor
Frente a este panorama, el Ministerio de Justicia dispuso la intervención inmediata con desplazamiento de las autoridades y designó como interventor al abogado Gastón Gabriel Di Bella, quien tendrá amplias facultades para administrar la entidad, analizar su situación económica y financiera, proteger su patrimonio y evaluar la gestión de la comisión directiva desplazada.
El interventor deberá, además, presentar informes mensuales ante la IGJ y podrá iniciar, si correspondiera, acciones civiles o penales vinculadas con la administración anterior.
La intervención tendrá una duración de 180 días hábiles administrativos y buscará determinar el estado actual de CATAC, garantizar su funcionamiento y promover las medidas necesarias para su saneamiento y continuidad institucional.
Fuente: Agencia DIB