La Procuraduría de Investigaciones Administrativas consideró “prematuro” el sobreseimiento del Presidente, su hermana Karina y otros nueve imputados. Advirtió que faltan peritajes sobre teléfonos y movimientos de criptomonedas.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi.
DIB.La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, solicitó que se deje sin efecto el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros nueve imputados en la causa $LIBRA, al considerar que la investigación fue cerrada de manera prematura y que todavía existen numerosas medidas de prueba pendientes.
El organismo especializado en hechos de corrupción asumió el ejercicio de la acción penal y presentó, además, un recurso de apelación en subsidio para que intervenga la Cámara Federal si la Justicia rechaza su pedido de reapertura.
La presentación, firmada el 29 de octubre, cuestiona la resolución dictada el viernes 23 por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien había dispuesto el sobreseimiento de los once investigados a pedido del fiscal Eduardo Taiano, bajo el argumento de que los hechos denunciados no constituían delito.
Para la PIA, en cambio, los elementos reunidos hasta el momento no permiten descartar la existencia de una maniobra defraudatoria. El organismo sostiene que la causa todavía se encuentra en una etapa de recolección de pruebas y que no corresponde disponer un cierre definitivo cuando quedan aspectos centrales sin esclarecer.
“En consideración de esta Procuraduría, de las propias constancias analizadas por el magistrado interviniente respecto de la solicitud de sobreseimiento por parte del fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N° 8, surge que la evidencia recolectada en el expediente requiere la profundización de la investigación de la prueba obtenida”, señala el escrito.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a los estudios sobre las operaciones con criptomonedas. Según la presentación, algunas tareas de trazabilidad financiera no pudieron completarse porque una dependencia del Ministerio Público Fiscal carecía de las licencias necesarias para utilizar determinadas herramientas informáticas. La PIA advirtió que la resolución judicial no explica si se buscaron alternativas para continuar esos análisis.
También cuestionó que se haya considerado agotada la cooperación internacional después de que las autoridades de Estados Unidos rechazaran un pedido de asistencia por entender que la información aportada era insuficiente para establecer una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros solicitados.
Para Rodríguez, esa respuesta no constituye un impedimento definitivo, ya que todavía podrían obtenerse nuevos elementos mediante los peritajes pendientes, entre ellos los análisis forenses de teléfonos celulares.
La presentación dedica especial atención a una serie de hechos que, según la Procuraduría, podrían constituir indicios de maniobras de ocultamiento y que no fueron suficientemente valorados antes de disponer los sobreseimientos.
Entre ellos menciona el vaciamiento de cajas de seguridad por parte de Mauricio Novelli y su familia, la eliminación de conversaciones con un contacto identificado como “Karina Milei RRPP” en el teléfono de Novelli y la ausencia del historial previo de WhatsApp en el dispositivo secuestrado a Sergio Morales.
También reclama profundizar el análisis de un archivo encontrado en el teléfono de Novelli que contenía una carta de intención de Kelsier, la firma representada por el empresario estadounidense Hayden Davis, dirigida al Presidente. En ese documento, que carecía de firmas, se ofrecía asesoramiento gratuito en materia de blockchain y criptomonedas.
La PIA menciona además una nota identificada como “final agreement as discussed with H.”, cuyo examen considera insuficiente, y los registros de comunicaciones telefónicas entre Novelli y Javier Milei, aunque hasta el momento no se pudo determinar su contenido.
“El vaciamiento de las cajas de seguridad por parte de Novelli y su familia, el borrado de historiales de WhatsApp en el teléfono de Morales, la eliminación de conversaciones con el contacto 'Karina Milei RRPP' en el dispositivo de Novelli y el acotado alcance del peritaje sobre la nota 'final agreement as discussed with H.' no constituyen obstáculos que permitan descartar la hipótesis delictiva”, sostiene el escrito.
Otro de los puntos señalados son las visitas de Novelli y Morales a la Casa Rosada, autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.
Según la Procuraduría, las fechas y la reiteración de esos ingresos deben analizarse en conjunto con el resto de las pruebas, porque podrían contribuir a establecer si existió un acuerdo previo entre los funcionarios y los promotores del criptoactivo.
El organismo también relativizó el valor de los informes elaborados por la propia Secretaría General de la Presidencia y las opiniones de la Oficina Anticorrupción, al señalar que la investigación busca determinar precisamente si existió un acuerdo para obtener un beneficio patrimonial indebido.
Uno de los argumentos centrales del pedido de reapertura está vinculado con la intervención del Presidente en la difusión de $LIBRA.
El juez Martínez de Giorgi había considerado, siguiendo el dictamen de Taiano, que la promoción pública del criptoactivo no alcanzaba por sí sola para configurar una estafa. La resolución sostuvo que las pérdidas sufridas por los inversores y la posterior caída de la cotización no demostraban necesariamente la existencia de un engaño penalmente relevante.
La PIA cuestionó esa interpretación porque, a su entender, no toma en cuenta la posible distribución de funciones entre los distintos participantes de la operatoria.
“El caso investiga si 'libra' se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir”, plantea el fiscal Rodríguez.
El escrito sostiene que la participación presidencial debe analizarse dentro de una eventual maniobra organizada y no como un hecho aislado.
En ese sentido, la Procuraduría considera que las pruebas reunidas muestran señales que justifican continuar investigando, aunque reconoce que todavía no resultan suficientes para solicitar declaraciones indagatorias.
“El estado actual del caso no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria. Sin embargo, no alcanzan por el momento ni para avanzar en pedidos de indagatorias, como tampoco para sobreseer”, afirma la presentación.
El organismo también cuestionó que la falta de regulación específica de determinados criptoactivos pueda utilizarse como argumento para descartar posibles delitos.
“La incipiente o ausente regulación legal de las monedas virtuales no constituye una carta blanca de indemnidad para sus promotores ni un obstáculo que desampare a los inversores frente a maniobras defraudatorias”, advierte.
Además de la posible estafa, la PIA propone que, una vez completada la investigación, se evalúe si los hechos podrían encuadrar en otras figuras penales, entre ellas la prevista en el artículo 309 del Código Penal, vinculada con maniobras sobre instrumentos financieros.
La Procuraduría también señaló que existen otras medidas que deberían producirse antes de adoptar una resolución definitiva.
Entre ellas mencionó la declaración testimonial de una mujer de apellido Beller, quien había prestado testimonio en la causa ANDIS. Según el escrito, en aquella oportunidad solamente fue interrogada sobre los hechos investigados en ese expediente y no sobre sus posibles conocimientos acerca de $LIBRA.
Por ese motivo, Rodríguez considera necesario convocarla a declarar específicamente en esta investigación.
El organismo también reclama esclarecer cómo hizo el Presidente para difundir un contrato que, aparentemente, no era de acceso público ni se encontraba disponible en las redes sociales.
A su vez, cuestionó que no se hayan valorado adecuadamente informes elaborados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), y sostuvo que el fallo introdujo dudas sobre la cadena de custodia de determinadas pruebas sin una fundamentación suficiente.
La intervención de la PIA se produjo después de una presentación realizada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que cuestionaron el cierre de la causa.
El escrito de Rodríguez también incorpora una presentación recibida el 27 de octubre de quienes se identificaron como amicus curiae, en la que se advierte sobre posibles incumplimientos de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
La Procuraduría recuerda que las personas que se consideran damnificadas habían sido admitidas inicialmente como querellantes y posteriormente apartadas por una resolución que, según sostiene, todavía no se encuentra firme.
Para el fiscal, esa situación constituye otro aspecto que debe ser considerado antes de dar por concluida la investigación.
La presentación de Rodríguez solicita que se reabran las actuaciones y se reconozca a la PIA como organismo encargado de impulsar la acción penal.
El planteo se apoya en las facultades legales que permiten a esa Procuraduría intervenir directamente cuando el fiscal que lleva una investigación adopta una posición contraria a su continuidad.
En caso de que el juzgado rechace la reapertura, la PIA pidió que se conceda el recurso de apelación para que la Cámara Federal revise el sobreseimiento.
La decisión alcanza a Javier y Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
Para la Procuraduría, el cierre de la causa no reúne las condiciones exigidas para una decisión definitiva, porque todavía existen pruebas pendientes y aspectos de la operatoria que no pudieron reconstruirse.
El organismo sostiene que el sobreseimiento requiere un grado de certeza que permita descartar la existencia de un delito, algo que, a su criterio, no ocurre en este expediente.
La presentación abre así una nueva disputa judicial sobre el futuro de la causa $LIBRA: mientras el juez y el fiscal Taiano consideraron que los hechos investigados no encuadraban en una figura penal, la Procuraduría sostiene que todavía no se agotaron las posibilidades de esclarecer qué ocurrió y cuál fue el papel de cada uno de los involucrados.
Fuente: Agencia DIB.
