Se trata de Germán Díaz, de La Libertad Avanza. El cuerpo se apresta a definir una suspensión en su banca.
El concejal Díaz, detenido.
La situación judicial y política del concejal de La Libertad Avanza (LLA) de Bragado, Germán Díaz, sumó novedades en las últimas horas. La Justicia confirmó su prisión preventiva en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, mientras que el Concejo Deliberante local se prepara para definir su suspensión y resolver quién ocupará su banca durante el proceso judicial.
Tras la resolución, el abogado defensor del edil, Rafael Acuña, analiza la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Casación Penal con el objetivo de revertir la medida. Por el momento, Díaz continúa detenido y la causa sigue su curso en el Departamento Judicial de Mercedes.
La prisión preventiva había sido dispuesta luego de que la Justicia rechazara el pedido de excarcelación presentado por la defensa. Además, el magistrado interviniente ordenó la realización de un informe socioambiental para evaluar la posibilidad de que el concejal cumpla la medida bajo arresto domiciliario en su vivienda de la localidad de O’Brien. El planteo se fundamentó en la situación de su madre, de 90 años, quien, según argumentó su abogado, se encuentra bajo el cuidado del dirigente libertario.
Mientras la investigación judicial avanza, el Concejo Deliberante de Bragado deberá resolver la situación institucional del concejal. Este martes, los distintos bloques mantendrán una reunión en comisión para acordar la fecha de una sesión especial en la que se tratará su suspensión y se definirá cómo se cubrirá temporalmente su lugar en el recinto.
Díaz había recibido inicialmente una licencia de 30 días tras su detención. Sin embargo, la continuidad de su situación procesal obliga ahora a los representantes legislativos a avanzar en una definición sobre su permanencia y el mecanismo para reemplazarlo.
La discusión abrió una interna entre los integrantes de La Libertad Avanza y el oficialismo municipal, que sostienen posturas diferentes sobre quién debe ocupar la banca. Desde el espacio libertario promueven la aplicación del criterio de paridad de género, una interpretación que permitiría el ingreso de Maximiliano Moragas.
En cambio, desde el oficialismo respaldan la continuidad de Sabrina Gulino, quien ocupa actualmente la banca de manera provisoria y figura a continuación en el orden de la lista electoral de 2023. La concejal mantiene diferencias políticas con los integrantes del bloque libertario disidente, una situación que agrega tensión a la discusión por la futura composición del cuerpo legislativo.
Según trascendió en medios locales, Gulino incluso evaluaba la posibilidad de apartarse de La Libertad Avanza para conformar un bloque propio. De concretarse esa decisión, el escenario político del Concejo podría experimentar nuevos cambios en medio de la controversia por la sucesión de Díaz.
En paralelo, el cuerpo legislativo conformó una comisión especial para seguir la evolución del expediente judicial y conocer las resoluciones que adopten los magistrados. Desde Fuerza Patria plantearon la necesidad de distinguir las responsabilidades políticas de las penales, con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia del concejal investigado.
La investigación contra Díaz se inició a partir de un operativo policial en su domicilio de Bragado, donde los efectivos secuestraron restos de cocaína, elementos presuntamente utilizados para el corte de estupefacientes y una balanza de precisión. A partir de esos hallazgos, el dirigente quedó a disposición de la UFI N.º 7 del Departamento Judicial de Mercedes, que lleva adelante la investigación por su presunta participación en la comercialización de drogas.
Después de prestar declaración en Mercedes, el concejal permaneció alojado en una comisaría de 25 de Mayo, a la espera de la asignación de un cupo penitenciario para su traslado a una unidad carcelaria provincial. Posteriormente, la Justicia dispuso su prisión preventiva y rechazó el planteo de excarcelación presentado por su defensa, que había argumentado que el acusado cuenta con arraigo y domicilio conocido.
Desde el inicio de la causa, Díaz rechazó las acusaciones y sostuvo su inocencia. En una comunicación telefónica con un medio local desde su lugar de detención, manifestó: “Estoy muy tranquilo y con fe, esperando que la Justicia falle como corresponde”.
Con la prisión preventiva confirmada, la eventual presentación de un recurso ante Casación y la definición pendiente sobre su banca, el caso mantiene abiertos dos frentes: el judicial, que deberá determinar la responsabilidad del concejal en los hechos investigados, y el político, donde los bloques del Concejo Deliberante deberán acordar cómo resolver su situación institucional.
Fuente: Agencia DIB.
