En el marco de la causa que investiga la muerte por causa dudosa de quien fuera Obispo de San Nicolás de los Arroyos, Carlos Horacio Ponce de León, este jueves se tomarán las declaraciones indagatorias de Luis Antonio Martínez -conductor del vehículo que embistió al prelado- y de Sergio Carlos Bottini, titular registral del rodado.
La muerte del obispo Ponce de León durante la dictadura: indagatorias en San Nicolás
El caso fue presentado y juzgado durante la dictadura como un siniestro vial en el que una camioneta embistió el auto en el que se movían las víctimas por la ruta 9, pero aquella sentencia, dictada en 1978, fue anulada en 2023.
Las audiencias habían sido postergadas hasta el 24 de noviembre por una licencia del juez Carlos Alberto Vera Barros, lo que había ocasionado el reclamo de celeridad de organizaciones y referentes religiosos y de Derechos Humanos. Ambos imputados tienen hoy más de 80 años, pero el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal determinó que se encuentran aptos para declarar.
De acuerdo con el diario El Norte de San Nicolás, la Cámara Federal de Rosario ordenó en 2023 reabrir el caso e investigarlo como posible asesinato cometido por agentes de inteligencia de la dictadura, luego de que Ponce de León denunciara en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos que se registraban en Argentina.
Una reconstrucción realizada digitalmente que permitió simular la mecánica del siniestro ocurrido el 11 de julio de 1977 en la Ruta 9, los análisis forenses que determinaron que las heridas del obispo no eran las que se habían declarado y las presuntas lesiones de los conductores con los que había chocado, fueron clave para declarar “cosa juzgada írrita” la sentencia que en su momento había cerrado el caso el 19 de julio de 1978 en el expediente N° 1858 “Martínez, Luis Antonio S/ Homicidio y lesiones culposas”.
El requerimiento de instrucción fue formulado en 2004 en razón del conocimiento que se tomó del contenido de la declaración brindada por Víctor Oscar Martínez (el acompañante de Ponce de León el día del incidente investigado) ante la Conadep, oportunidad en la que manifestó que la muerte del prelado había sido producto de un obrar doloso pergeñado por parte de la dictadura y no a causa de un accidente automovilístico como hasta ese momento se pensaba. Así, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación inició un largo camino de investigaciones en torno a la hipótesis del homicidio premeditado.
El presidente de la Confederación Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, se manifestó días atrás luego de que se postergaran las indagatorias para noviembre. “Ruego a Dios para que la Justicia realice su tarea con honestidad y veracidad y que en atención al tiempo que ha transcurrido y a la urgencia de alcanzar la verdad en el pleno cumplimiento de la ley, no se produzcan dilaciones que alejen el pleno esclarecimiento de lo acontecido”, sostuvo mediante una carta.
Ya en junio de 2025 una comitiva había viajado de San Nicolás a Rosario -donde tramita el expediente actualmente- para entregar al Tribunal de Apelaciones una carta con 400 firmas, pidiendo por la necesidad urgente de celeridad en la investigación sobre la muerte del obispo.
La muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, en dictadura
El caso fue presentado y juzgado durante la dictadura como un siniestro vial en el que una camioneta embistió el auto en el que se movían las víctimas por la ruta nacional N° 9, pero aquella sentencia, dictada en 1978, fue anulada en 2023 porque la investigación desarrollada por la fiscalía logró demostrar que se trató de un atentado contra Ponce de León, quien al momento de los hechos venía de denunciar en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos cometidas en Argentina.
La colisión se produjo el 11 de julio de 1977, a la altura del kilómetro 212. Ponce de León conducía un automóvil Renault 4S, que chocó una camioneta Ford F-100. El prelado falleció producto del impacto, mientras que su acompañante, Víctor Oscar Martínez, resultó gravemente herido.
Como informó Agencia DIB en su momento, la jueza Élida Vidal apuntó que “el caudal probatorio resulta suficiente y determinante para sustentar la convocatoria a declaración indagatoria” de los acusados. La magistrada repasó la acusación de la fiscalía respecto de cada uno de ellos y puso de relieve que:
- Como jefe de la sección San Nicolás en el Destacamento de Inteligencia, Omar Andrada había catalogado como “oponente” a Ponce de León, a quien los documentos secretos definían como “el respaldo más importante que tenía el MSTM (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo) en su accionar”.
- Bottini iba en la camioneta que participó del siniestro y figuraba como directivo de Agropolo SA y titular registral del vehículo. La firma tenía domicilio en la calle Viamonte 1866 de la Capital Federal, a metros de la sede del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó en la causa que todos los edificios linderos al batallón eran por entonces propiedad del Ejército.
- Martínez declaró que viajaba con Bottini “por razones comerciales” de la empresa Agropolo SA, propietaria de la camioneta.
De acuerdo con el sitio Fiscales, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario reafirmó en su resolución que el obispo había sido objeto de seguimientos y blanco de amenazas reiteradas, incluso emitidas por las propias autoridades militares de San Nicolás, con el objeto de que se apartara de la diócesis local, puesto que representaba una amenaza para la estructura represiva instrumentada bajo el Área Militar 132, en lo que denominaban “lucha contra la subversión”.
En tal sentido, el tribunal sostuvo que la muerte de Ponce de León no habría ocurrido de la forma en que fue descripta en el expediente judicial tramitado durante la dictadura y que se trató de un homicidio premeditado.
La investigación realizada por la fiscalía a partir de 2005 arribó a esa conclusión a partir de varios elementos, entre ellos un peritaje confeccionado por el ingeniero y licenciado en Accidentología y Prevención Vial, Jorge Geretto. Ese informe estableció que la Ford F-100 en realidad estaba detenida y cruzada en forma transversal en la ruta al momento de ser colisionada por el vehículo que conducía Ponce de León. También concluyó que la camioneta no estaba tripulada, dado que el chofer y el acompañante hubieran padecido mayores o iguales lesiones a las que sufrió la víctima. En la investigación no se pudo dar con testigos del hecho, como quienes socorrieron a Ponce de León y Martínez hasta la clínica de Ramallo, o los ocupantes de un micro mencionado como coartada por el acusado Luis Martínez.
Para la Cámara Federal, esa omisión probatoria habilita a pensar que ese colectivo no estaba delante de la Ford F-100, como dijo Luis Martínez, quien adujo que en aquella oportunidad debió realizar una maniobra brusca que lo hizo cruzar de carril y, consecuentemente, impactar con el auto del obispo.
La Cámara también marcó la contradicción surgida del cotejo entre el informe del médico de Policía realizado en 1977 y el examen antropológico médico forense, que se practicó en 2009 sobre el cadáver del obispo. En el primero se afirmó que presentaba “coma profundo con fractura y hundimiento de cráneo”, mientras que en el más reciente se determinó que “la calota, el macizo facial, la bóveda craneana interna y el maxilar inferior se encontraban indemnes, sin soluciones de continuidad compatibles con fracturas, ni áreas de hundimiento craneal”.
Fuente: Agencia DIB
