El impulso del Gobierno para derogar la Ley de Tierras reabrió un debate que trasciende lo económico: hasta dónde debe llegar la apertura a la inversión extranjera cuando están en juego recursos estratégicos como el agua, las fronteras y la producción de alimentos.
La tierra es una parte de aquello que un país puede decidir conservar, administrar y proteger para las generaciones que todavía no llegaron.
Hay discusiones que parecen económicas hasta que uno las mira un poco más de cerca. La discusión sobre la extranjerización de la tierra en Argentina es una de ellas.
Porque, en principio, el debate parece sencillo: ¿por qué impedir que un extranjero compre tierras en nuestro país? Si alguien invierte, produce, genera empleo y paga impuestos, ¿cuál sería el problema?
Pero la tierra no es solamente una mercancía.
La tierra es territorio. Es agua. Es producción. Es frontera. Es alimento. Es identidad. Es una parte de aquello que un país puede decidir conservar, administrar y proteger para las generaciones que todavía no llegaron.
En Argentina, la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establece límites a la propiedad y posesión de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. La normativa fija un máximo del 15% de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental. Además, una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese porcentaje y existen límites de superficie para un mismo titular. También se prohíbe la adquisición de tierras rurales que contengan o sean ribereñas de grandes cuerpos de agua permanentes.
La discusión volvió al centro de la escena porque el Gobierno de Javier Milei impulsa la derogación de esta ley. El argumento oficial es que las restricciones desalientan la inversión extranjera y que liberar la compra de tierras permitiría atraer capitales y desarrollar actividades productivas. Desde el Gobierno se llegó a estimar que la eliminación de las limitaciones podría generar inversiones por unos 15.000 millones de dólares.
Del otro lado aparece una pregunta que no debería ser descalificada como una simple resistencia ideológica:
¿Hay cosas que un país no debería vender sin límites?
Argentina tiene una larga historia de crisis económicas. Una historia de devaluaciones, endeudamiento, inflación, urgencias y necesidades. Y en cada crisis aparece la misma tentación: vender aquello que puede convertirse rápidamente en dinero.
A veces se venden empresas. A veces se venden activos. A veces se venden recursos. Y ahora vuelve a aparecer el debate sobre la tierra.
El problema es que una hectárea no se fabrica nuevamente.
Un recurso natural no se repone con una nueva emisión monetaria. Un acuífero no se recupera con una promesa de inversión. Una frontera no se reconstruye simplemente porque el mercado haya cambiado de dueño.
Según los datos oficiales, ninguna provincia supera actualmente el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Sin embargo, en más de treinta departamentos sí se supera ese porcentaje, lo que demuestra que el problema no es solamente cuánto territorio extranjero existe en términos generales, sino también dónde está ubicado.
Porque no es lo mismo una tierra rural en un lugar aislado que una propiedad ubicada junto a un río, cerca de un acuífero, en una zona de frontera o en una región estratégica para la producción de alimentos y el desarrollo de recursos naturales, y es acá donde aparece la dimensión social de la discusión.
Argentina atraviesa un momento en el que millones de personas viven con una sensación de permanente fragilidad. La casa, el trabajo, el salario, el futuro, la posibilidad de proyectar. Todo parece más incierto.
En ese contexto, decir que el capital extranjero puede comprar más tierra puede ser interpretado por algunos como una oportunidad de inversión pero, para otros, puede profundizar una sensación que ya existe: la de que el país se está convirtiendo en un lugar donde todo está en venta, mientras cada vez menos personas tienen capacidad real de comprar algo.
Porque el debate no debería ser extranjero contra argentino.
No se trata de negar la inversión extranjera. Argentina necesita inversiones. Necesita capital, producción, tecnología, empleo y desarrollo.
La pregunta es otra:
¿En qué condiciones?
¿Con qué controles?
¿Quién decide qué se vende?
¿Quién controla lo que se compra?
¿Y qué sucede cuando el recurso que se adquiere no es solamente un campo, sino también el agua, la biodiversidad, la producción y el futuro de una comunidad?
La Argentina de hoy está atravesada por una tensión profunda. Por un lado, necesita inversiones para crecer, pero por otro, vive una época en la que muchas personas sienten que el Estado dejó de protegerlas frente a las fuerzas del mercado. En esa tensión, la discusión sobre la tierra adquiere un valor simbólico enorme.
Porque cuando una familia vende su casa, puede mudarse. Cuando una empresa vende un inmueble, puede comprar otro. Pero cuando un país pierde el control sobre una parte estratégica de su territorio, recuperar ese control puede ser mucho más difícil.
No se trata de defender una idea romántica de la soberanía, sino de entender que la soberanía también es una forma de cuidado: cuidar el agua, los alimentos, las fronteras, o la posibilidad de que las futuras generaciones puedan decidir sobre los recursos que hoy heredamos.
El mercado puede ser una herramienta, pero no debería convertirse en el único criterio para decidir qué puede hacer un país con aquello que no le pertenece solamente a una generación.
La pregunta, entonces, no es si Argentina necesita inversiones extranjeras, porque está claro que las necesita.
La pregunta es si, en su desesperación por atraer dólares, puede terminar entregando algo que después no podrá recuperar.
Porque un país puede necesitar vender, pero también necesita saber qué cosas, una vez vendidas, dejan de ser simplemente propiedad privada.
En tiempos de urgencia, todo parece tener un precio, y la responsabilidad de una sociedad es preguntarse si todo debe tenerlo.
