La Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires dispuso la apertura de una cuenta bancaria específica para registrar y ejecutar los embargos judiciales que recaigan sobre recursos del Estado bonaerense. La medida busca centralizar esas operaciones y establecer un mecanismo unificado para administrar las afectaciones de fondos ordenadas por la Justicia.
5 de noviembre de 2026 - 10:19
La Provincia creó una cuenta para canalizar embargos judiciales contra el Estado
La Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires abrió una cuenta en Banco Provincia para centralizar y ejecutar embargos judiciales contra el Estado.
El Palacio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La decisión quedó establecida mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense. La cuenta funcionará en el Banco Provincia, Casa Matriz, bajo la denominación "Embargos contra la Provincia de Buenos Aires" y estará a nombre de la Tesorería General.
Según establece la normativa, la cuenta estará destinada exclusivamente a la registración, canalización y ejecución de los embargos judiciales en los que deba intervenir la Tesorería. El mecanismo alcanzará a todos los procesos judiciales, incluso aquellos que ya se encuentren en etapa de ejecución.
La resolución también establece un procedimiento para las medidas judiciales expresadas en moneda extranjera. En esos casos, el cumplimiento se instrumentará a través de la nueva cuenta mediante su equivalente en moneda de curso legal, de acuerdo con los parámetros establecidos en la respectiva orden judicial y sin alterar la naturaleza ni el alcance de la obligación.
Los embargos judiciales en la mira
Entre los fundamentos, la Tesorería sostiene que la afectación directa de las cuentas que integran el Sistema de Cuenta Única del Tesoro (SCUT) podría comprometer la planificación financiera y la continuidad de la gestión estatal.
En ese sentido, señala que la centralización de los embargos permitirá mejorar la administración, registración, trazabilidad y control de esas operaciones, además de compatibilizar el cumplimiento de las decisiones judiciales con el funcionamiento del sistema financiero provincial.
La cuenta deberá operar con la firma conjunta de al menos un funcionario de cada uno de los dos grupos de autoridades designados por la resolución. Además, será incorporada al Registro Único de Cuentas Oficiales (RUCO).
Por último, la Tesorería General coordinará con las entidades financieras que actúan como agentes del Estado provincial los mecanismos necesarios para implementar el nuevo procedimiento.
Fuente: Agencia DIB