La Justicia Federal homologó un acuerdo inédito entre la Fiscalía de Bahía Blanca, pescadores artesanales y empresas del Polo Petroquímico con el objetivo de remediar la contaminación en la ría bahiense.
A cambio de no continuar con el proceso judicial, las firmas responsables de distintos vertidos contaminantes se comprometieron a realizar trabajos de limpieza y mejoras estructurales, en lo que constituye el primer acuerdo de este tipo en Sudamérica. La única empresa que quedó afuera del convenio en cuestión es ABSA, aunque no descartan que se pueda sumar en un proceso aparte.
En la resolución, según La Brújula 24, se afirma que “en el marco de la situación de amenaza ambiental atravesada por el estuario de Bahía Blanca, se impulsaron acuerdos con empresas allí instaladas, a los efectos de proyectar un mejoramiento que arroje sustentabilidad al medio”.
Y agrega: “Habiéndose arribado a una solución global en autos, corresponde dejar solicitado al Juzgado Federal la homologación formal de los acuerdos celebrados con Profertil S.A.; Compañía Mega S.A.; PBB Polisur S.R.L.; Oiltanking S.A.; Unipar Indupa S.A.; T.G.S. S.A.; y Refinería Bahía Blanca S.A.; supeditándose la eventual solicitud de extinción de acción penal (art. 59 Inc. 6 del C.P.) a la acreditación fehaciente de realización de las obras propuestas respecto de cada una de las partes, evaluándose la situación de cada una en particular, en los términos propuestos (art. 22 del C.P.P.F.) y previo informe del IADO y el CTE y/o autoridad que el Tribunal disponga una vez expirado el termino fijado para su ejecución”.
En 2019
El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez tomó intervención el 9 de agosto de 2019, tras lo resuelto por la Cámara Federal de Bahía Blanca el 21 de junio del mismo año, en punto a la delegación en el Ministerio Público de gestiones orientadas a elaborar un plan para diagramar inversiones futuras que permitan asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la ría que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente.
En proximidades de la desembocadura cloacal, se comprobó el impacto de efluentes municipales sin tratamiento, concluyendo que “es evidente la necesidad que los efluentes cloacales que utilizan al estuario como cuerpo receptor sean tratados adecuadamente y controlados de acuerdo a la legislación vigente”. También requirió el fiscal en su resolución la necesidad de “asegurar el buen funcionamiento de la Planta de Tratamiento de líquidos cloacales de la Tercera Cuenca”. (DIB) MM