El presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de impulsar “una reforma integral del sistema de administración de justicia federal” para que “recupere la confianza pública” y sea “completamente independiente”, al tiempo que reconoció el fracaso del tratamiento en el Congreso de la Nación y realizó críticas al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias.
“Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos”, enfatizó.
El máximo tribunal de Justicia formó parte del discurso presidencial, puesto que el jefe de Estado señaló que “la conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo”.
Al compartir su diagnóstico, denunció el accionar de algunos jueces en favor de grupos concentrados: “En el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital”.
Y agregó: “A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario. Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico”.
El proyecto impulsado por el Gobierno
En su discurso, el máximo mandatario reconoció el fracaso del proyecto enviado al inicio de su mandato: “Lamentablemente, el Proyecto de Ley de Reforma Judicial que envié en 2020 que fue aprobado por el Senado ahora ha perdido estado parlamentario. Lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave”.
Sobre este punto, remarcó que aquella iniciativa “fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas” ya que “saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”.
En cuanto al contenido del proyecto, precisó que “se creaba el juzgado federal y una fiscalía en San Lorenzo y la Cámara Federal de Apelaciones Rosario, instrumentos jurídicos indispensables en la lucha contra el narcotráfico. También ese proyecto establecía la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. No se debería demorar más tiempo en tomar decisiones tan fundamentales”.
“Yo le solicito al Honorable Congreso de la Nación aborde la cuestión que planteamos. Que haga los cambios adecuados, que generen los consensos necesarios y que resolvamos este problema”, exclamó.
Además, recordó que ya se avanzó en el envío del proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y anticipó que avanzarán “en la implementación del Código Procesal Penal Federal y ampliaremos también los mecanismos de acceso a la justicia”.
El espionaje ilegal durante el macrismo
Hacia el final, Fernández advirtió sobre los vínculos entre el gobierno de Mauricio Macri y los servicios de inteligencia. “Durante la administración anterior, existieron serias interferencias de los servicios de inteligencia en el funcionamiento de las instituciones de la república, afectando los derechos y garantías de los y las habitantes de nuestra nación. A la luz de lo que hoy sabemos, no habíamos llegado a tener real dimensión del enorme daño que esas intromisiones causaron”.
“Cuando asumí la Presidencia me comprometí a terminar con los sótanos de la democracia prometiendo que nunca más esas prácticas oscuras pondrían en riesgo la institucionalidad. Tengo la tranquilidad de haber cumplido con la palabra que empeñé”, resaltó.
En ese sentido, indicó que desde su rol “se ocupó de que no existan causas armadas entre los servicios de inteligencia, las autoridades de los poderes públicos y miembros que deshonran la administración de justicia” y que su Gobierno garantizó “que no existan nuevos encarcelamientos sin sustento jurídico”.
“Puse fin a las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores, a sus familiares o a sus representantes jurídicos. En síntesis, dije nunca más a esos sótanos que propusimos desmantelar y por eso los desmantelamos. Lo dijimos en 2019 y lo sostenemos hoy. Este debe ser un compromiso de los tres poderes del Estado”, recalcó.
Asimismo, aseguró que “en la Argentina de hoy no hay espionaje político. No se intervienen teléfonos sin causa judicial. En la Argentina de hoy cada uno piensa y dice lo que se le da la gana”.
Y añadió: “El secreto no puede ser nunca más la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión. Ese es el entramado que la intervención de la AFI develó y denunció”.
Por último, anunció que en los próximos días enviará un proyecto de ley que permita consolidar el trabajo hecho en estos años en materia de inteligencia. “Es indispensable que el Congreso acompañe este camino. Necesitamos contar con organismos de inteligencia que permitan producir información estratégica de calidad que contribuya a tomar decisiones y a proteger (no a espiar) al conjunto de la población frente a los riesgos y desafíos de un mundo cada vez más dinámico”, concluyó. (DIB)