Tras conocerse el envío de los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia al Congreso de la Nación por parte del Poder Ejecutivo, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que “hay un compromiso político” por parte del Gobierno nacional en construir un Estado presente.
“Estos dos proyectos de ley que estamos enviando al Congreso de la Nación son complementarios y promueven una mayor justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y establecen que el Estado debe acompañar a las mujeres en sus decisiones, cuidando sus vidas y su salud de manera integral. Tenemos la obligación de cuidar la integridad física de las mujeres en todos los casos, evitar muertes por abortos clandestinos y acompañar a todas aquellas que desean continuar con sus embarazos para que puedan cumplir con su deseo de maternar y que ellas y sus hijos e hijas cuenten con el acompañamiento de un Estado presente”, subrayó la ministra.
Por otra parte, Gómez Alcorta aseguró que los datos existentes demuestran que la penalización del aborto no evita que las mujeres interrumpan sus embarazos pero sí las obliga a hacerlo en la clandestinidad, es decir, en condiciones inseguras. En Argentina se realizan entre 350 mil y 522 mil abortos por año. “El aborto clandestino es un problema de salud pública”, señaló.
Los abortos clandestinos empujan sobre todo a las mujeres de menores recursos a interrumpir sus embarazos en condiciones inseguras. “Todas y todos sabemos que mujeres de más altos recursos también abortan, pero tienen la posibilidad de hacerlo a través de procedimientos seguros. Por año alrededor de 40 mil mujeres son hospitalizadas por interrumpir sus embarazos de manera clandestina e insegura”, explicó.
Y agregó: “Frente a un problema serio de salud pública la respuesta no puede ser individual y según los recursos económicos de cada persona, sino que debe haber un Estado presente que acompañe y equipare las condiciones de posibilidad y el acceso a los servicios de salud”.
La ministra también señaló que las complicaciones por abortos clandestinos implican una demanda al sistema de salud que puede evitarse. “Las consecuencias de los abortos practicados en condiciones inseguras impactan de lleno en todo el sistema sanitario: hospitalizaciones, enfermedades emergentes, derivaciones a cuidados intensivos y, la peor de todas, las muertes por abortos practicados sin contención ni atención de calidad. Garantizar intervenciones seguras va a descomprimir al sistema sanitario y va a salvar vidas”, aseguró.
En relación al proyecto de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia enviado al Congreso, Gómez Alcorta señaló que “es imprescindible implementar políticas públicas que permitan acompañar a las mujeres que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, elijan continuar con su embarazo. Este proyecto busca garantizar la protección y el cuidado integral de la salud de las mujeres y de sus hijos e hijas en el nacimiento y en los primeros años de infancia”.
En el mundo, mueren 23.000 mujeres al año como consecuencia de abortos inseguros. En Argentina, los abortos inseguros son la primera causa de muerte materna y se calcula que se hacen entre 350.000 y 522.000 por año. Por esos abortos, se hospitalizan cerca de 40.000 mujeres. Todas las muertes por aborto son evitables. (DIB) AR