El oficialismo logró, con el apoyo de varios bloques opositores, aprobar el dictamen en la comisión de Presupuesto de la cámara de Diputado del proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, luego de una intensa negociación en el curso de la cual descartó incluir en el gravamen a los titulares de patrimonio superiores de $ 200 millones que no residan en Argentina.
El plan del kirchnerismo era que el proyecto tuviera dictamen en Presupuesto, una comisión que preside el oficialista Carlos Heller, co-autor de la iniciativa junto al diputado Máximo Kirchnerl el lunes pasado. Pero a último momento se discutieron dos puntos polémicos: la retroactividad del gravamen y la inclusión de los no residentes, que finalmente fueron descartados.
El dictamen, que habilita el tratamiento el proyecto en el recinto, contó con 27 votos positivos; lo acompañaron, además del Frente de Todos, los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo. El interbloque de Juntos por el Cambio presentó una propuesta alternativa, al igual que los diputados de izquierda, aunque estos últimos comparten el espíritu de gravar las grandes fortunas.
Todavía no hay fecha de tratamiento del proyecto en el recinto; Juntos por el Cambio reclamó que el debate fuese presencial, por lo que los tiempos podrían dilatarse si el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, decide trasladar el debate a un lugar fuera del Congreso para garantizar la distancia social.
El proyecto propone la creación de un “aporte solidario y extraordinario” que afectará a las personas humanas con patrimonios que superen los $200 millones de pesos a la fecha de entrada en vigencia de la ley. El impuesto impondrá alícuotas progresivas que van del 2 al 3,5% conforme la magnitud de los bienes. El oficialismo espera alcanzar un universo de poco más de 9200 personas recaudar unos $307.000 millones, lo que representa el 1.1% del PBI.
“Reconocemos que el dictamen oficial mejoró con respecto al original, por ejemplo en lo que tenía que ver en la retroactividad (el proyecto original planteaba que se gravaban los bienes declarados al 31 de diciembre pasado) -indicó el radical Luis Pastori-. Pero subsisten vicios que nos llevan a rechazarlo, ya que se puede dar una confiscatoriedad porque los bienes gravados son los mismos que se gravan con Bienes Personales”. (DIB)