La Municipalidad de Tandil desestimó el reclamo presentado por un vecino, a quien en octubre del año pasado le secuestraron una moto que, finalmente, dice, fue compactada. De acuerdo con El Eco de Tandil, el reclamo administrativo fue presentado por Julio Alberto Decima, titular de una motocicleta Corven Triax 150. A través del decreto 2931/2026, firmado el 23 de septiembre, la comuna concluyó que no se encuentran acreditados los elementos necesarios para atribuirle responsabilidad patrimonial por lo ocurrido con el rodado.
El expediente se inició a partir de una presentación realizada por el damnificado el 10 de agosto, en la que solicitó que se esclareciera el procedimiento seguido con la motocicleta, dominio A151SLZ, y se le informara cómo continuar ante la imposibilidad de recuperar el vehículo. Según consta en el decreto, la motocicleta había sido secuestrada el 4 de octubre de 2025 por personal de la Comisaría 1ª en el marco de una causa contravencional que tramitó ante el Juzgado de Faltas 2. Posteriormente, mediante una resolución del 30 de julio de 2026, ese juzgado declaró la nulidad de las actuaciones que habían dado origen a la causa y ordenó el reintegro del rodado, autorizando al vecino a retirarlo de la dependencia policial.
Agrega El Eco, a partir del reclamo, la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos requirió información a distintas dependencias municipales para determinar si había existido alguna intervención de la comuna en el traslado, custodia o eventual compactación de la motocicleta. El informe elaborado por la Dirección de Control Vehicular señaló que, a requerimiento de la Seccional 1ª, el Municipio había dispuesto medios para el traslado de motovehículos hasta el Depósito Judicial de Cerro Leones. Sin embargo, la dependencia municipal informó que no registraba la recepción ni la custodia de la motocicleta y que la Municipalidad “no realizó operativo de compactación alguno en la fecha indicada”.
El decreto señala, en ese sentido, que la intervención municipal acreditada se limitó a la “colaboración material” solicitada por la Policía, “sin que surja de las actuaciones que el Municipio hubiera asumido facultades de guarda, custodia, disposición o compactación respecto del motovehículo”.
Otro de los elementos considerados por el Municipio, agrega El Eco, fue la situación del Depósito Judicial Cerro Leones. Según establece el decreto, la custodia de los vehículos alojados en ese predio se encontraba a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, “que dispone de personal asignado a la guarda y vigilancia de los vehículos allí depositados”.
El acto administrativo también cita el permiso de uso celebrado entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad bonaerense. De acuerdo con sus términos, la responsabilidad por eventuales daños a personas o bienes de terceros derivados de las actividades desarrolladas en el establecimiento correspondía al Ministerio de Seguridad provincial, “manteniendo indemne a la Municipalidad frente a reclamos judiciales o extrajudiciales de terceros”.
El expediente municipal también incorporó la referencia a una denuncia penal formulada por el damnificado. El decreto señala que será en ese ámbito donde podrán investigarse las circunstancias relacionadas con la desaparición o eventual compactación de la motocicleta y determinarse, en caso de corresponder, las responsabilidades.
A partir del análisis de las actuaciones, cierra El Eco, el Municipio concluyó que “no surge acreditada una acción u omisión antijurídica ni falta de servicio imputable” a la comuna. Tampoco consideró demostrada una relación de causalidad entre la colaboración material prestada por el Municipio y la imposibilidad de recuperar la motocicleta.
Fuente: Agencia DIB
