El problema central que propone actualizar el nuevo proyecto es el criterio de internación, que alcanza los ingresos involuntarios y el tipo de institución.
El Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental, N° 26.657, con el objetivo de fortalecer la respuesta del sistema de salud a las personas con afecciones de salud mental y sus familias. La normativa actual no ha logrado garantizar el acceso oportuno a tratamientos adecuados, en particular a la internación cuando resulta necesaria.
La nueva ley de salud mental que ingresará al Senado para du debate parlamentario apunta a mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud, fortalecer la articulación entre dispositivos de atención y brindar intervenciones más oportunas y efectivas frente a situaciones de riesgo en salud mental.
El proyecto reformula el criterio de riesgo para la internación, con el objetivo de facilitar las intervenciones necesarias frente a contextos de crisis. También fortalece la participación del médico psiquiatra en la toma de decisiones clínicas, para reducir errores en los diagnósticos. Incorpora, además, mecanismos de continuidad de cuidados para los tratamientos posteriores al alta, con el objetivo de mejorar la adherencia terapéutica y reducir recaídas.
De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Salud de la Nación, propone sostener la internación especializada y fortalecer una red de atención organizada según niveles de complejidad, con hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas. También se prevé fortalecer los sistemas de información para mejorar el conocimiento de la capacidad instalada, la disponibilidad de camas y la planificación del sistema.
Para identificar los principales obstáculos del marco legal vigente, se relevaron aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo. De esta manera, se pudieron detectar dificultades concretas vinculadas a la implementación desigual en las diferentes provincias del país y a la falta de criterios claros para actuar de manera certera y oportuna ante situaciones de riesgo, tanto para las personas con trastornos severos, como para sus familias.
Actualmente, tan solo 16 jurisdicciones han adherido formalmente a la ley vigente. Por otro lado, únicamente 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas para internación.
Esto genera desigualdades en el acceso a los servicios, especialmente en las regiones con menos recursos. Para dar respuesta a esta situación, el proyecto propone habilitar las internaciones en hospitales generales para casos leves, y reservar los hospitales e instituciones especializadas para cuadros graves. De esta manera se busca evitar situaciones en las que pacientes con cuadros complejos son atendidos en hospitales generales que, en muchos casos, no cuentan con los recursos adecuados para su tratamiento.
El punto central que propone actualizar el nuevo proyecto son los criterios de internación. En lo que refiere a las internaciones involuntarias, la normativa actual establece que solo puede disponerse cuando existe un “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Este criterio tiene en cuenta únicamente la situación del paciente al momento de la evaluación médica, impidiendo, en muchas ocasiones, intervenciones preventivas en contextos de crisis. Por este motivo, la propuesta que se presentará en el Senado busca implementar un criterio situacional para la evaluación del riesgo considerando el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas, y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento.
Asimismo, se establece que uno de los médicos intervinientes en determinación de las internaciones involuntarias debe ser médico psiquiatra, a diferencia del esquema vigente que no establece su participación obligatoria en todas las evaluaciones. Lo que se busca mediante esta modificación es garantizar una evaluación clínica más completa y reducir el riesgo de confundir cuadros médicos con problemas exclusivamente de salud mental.
En tanto, la internación seguirá siendo un recurso excepcional. En urgencias, el médico interviniente podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por el equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia.
Fuente: Agencia DIB