La presentación penal apunta a presuntas irregularidades en inversiones destinadas a comprar y alquilar propiedades en Estados Unidos.
Justicia. La denuncia fue presentada en La Plata.
Una presunta estafa vinculada con inversiones inmobiliarias en Estados Unidos quedó bajo investigación de la Justicia de La Plata, luego de que un grupo de particulares y exfutbolistas denunciara haber perdido importantes sumas de dinero en operaciones destinadas a la compra, remodelación y posterior alquiler de viviendas en la ciudad de Baltimore.
La denuncia penal fue presentada este viernes ante la Fiscalía General platense por el abogado Ignacio Fernández Camillo, quien representa a los damnificados. Entre ellos aparecen varios jugadores con pasado en Estudiantes de La Plata: Facundo Fraga, Ezequiel Cerutti, Leonardo Jara, Juan Brunetta y Gonzalo Maroni. También figuran Lucas Ariel Rodríguez y Alejandro Gastón Mena.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 3 y del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial La Plata. Los denunciantes solicitaron que se investiguen posibles delitos de estafa y asociación ilícita, además de cualquier otra figura penal que pudiera surgir durante la instrucción.
Según la presentación judicial, el esquema ofrecía a los inversores la posibilidad de ingresar al mercado inmobiliario estadounidense mediante aportes de capital destinados a adquirir propiedades en Baltimore. La propuesta contemplaba realizar refacciones y luego obtener ingresos a través de los alquileres, con una rentabilidad anual estimada de entre el 10 y el 11 por ciento.
La operatoria se presentaba como una inversión integral, bajo la modalidad denominada "llave en mano". Esto suponía que los responsables se encargarían de todas las etapas: desde la compra de las viviendas y su acondicionamiento hasta la administración de los inmuebles y la percepción de los alquileres.
De acuerdo con los testimonios incorporados a la denuncia, parte del dinero se entregaba en efectivo en Argentina, principalmente en La Plata. Posteriormente, los inversores recibían informes sobre los movimientos de cada propiedad, con detalles de los ingresos por alquileres y los gastos de mantenimiento.
Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a advertirse situaciones que despertaron sospechas. Entre las irregularidades señaladas aparecen inmuebles que no habrían sido registrados a nombre de los inversores o de las sociedades creadas para administrarlos, diferencias en las liquidaciones de los alquileres, interrupciones en los pagos y compromisos de regularización que nunca se habrían concretado.
Uno de los denunciantes es Emiliano Ezequiel Galletti, contador público que habría tenido un papel central en la expansión de las inversiones entre sus clientes. Según su relato, conoció a Fernando Vicente Plastino a partir de una propuesta para participar en un emprendimiento inmobiliario en Baltimore.
A partir de aquella primera operación, Galletti se habría incorporado a otros proyectos y habría comenzado a canalizar aportes de terceros, entre ellos futbolistas profesionales y personas vinculadas al ámbito deportivo.
La presentación indica que las primeras adquisiciones se realizaron entre febrero y marzo de 2022. Como parte del proceso, en abril de ese año el contador viajó a Baltimore junto con su socio Nicolás Míguez y otras personas para recorrer las propiedades y conocer de primera mano el funcionamiento de los emprendimientos.
En la estructura denunciada también habrían intervenido distintas personas encargadas de recibir los fondos en Argentina, gestionar los inmuebles en Estados Unidos y llevar adelante la administración de las sociedades constituidas para desarrollar los negocios.
La presentación apunta contra Fernando Vicente Plastino, Rafael Mugica Lázaro, Julián María Carissimi, Paula Mercedes Lugones, Marcos Federico Muller y César Humberto Fernández. Asimismo, solicita que se determine si otras personas tuvieron participación en los hechos y si existió algún grado de intervención de una inmobiliaria de La Plata mencionada en uno de los episodios.
La investigación deberá establecer cuánto dinero aportó cada damnificado, qué ocurrió con esos fondos y si las propiedades adquiridas fueron efectivamente transferidas a las sociedades de los inversores. También se buscará esclarecer quiénes administraban los alquileres y qué destino tuvieron los ingresos generados por los inmuebles.
Por el momento, los hechos forman parte de una denuncia penal y deberán ser corroborados mediante las medidas de prueba correspondientes. La Justicia tendrá que reconstruir el funcionamiento de las operaciones y determinar las eventuales responsabilidades de cada uno de los señalados.
Fuente: Agencia DIB
