La Justicia de Bahía Blanca fijó una indemnización por el daño moral causado a la niña y a su madre. El hombre cumple una condena de 11 años de prisión, mientras que la abuela fue responsabilizada por no proteger a la menor.
Condena civil por $ 66 millones en un caso de abuso infantil.
La Nueva - imagen ilustrativaLa Justicia Civil y Comercial de Bahía Blanca condenó a una pareja de abuelos a pagar $ 66 millones, más intereses y costas, por los daños provocados por los abusos sexuales cometidos contra su nieta en la localidad de Stroeder, partido de Patagones. El fallo responsabilizó tanto al hombre, que cumple una pena de 11 años de prisión, como a la abuela de la víctima, por no haber cumplido con su deber de cuidado.
La sentencia del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7, a cargo de la jueza María Fernanda Arzuaga, estableció que deberán abonarse $ 44 millones a la joven y $ 22 millones a su madre, en concepto de daño moral.
La demanda había sido presentada en abril de 2024 por el abogado Guillermo Ortiz, quien reclamó inicialmente $ 26,1 millones entre ambas damnificadas. Sin embargo, la magistrada dispuso una reparación superior al considerar que el monto debía contemplar las consecuencias del daño y ofrecer una compensación concreta.
En ese sentido, sostuvo que la indemnización permitiría a la madre y a su hija adquirir una vivienda en Stroeder, donde pudieran reconstruir su vida y generar nuevos recuerdos en un entorno de mayor seguridad. Además, ordenó que la menor figure como titular registral de dos tercios del inmueble que eventualmente compren.
Si los condenados no cumplen con el pago, la Justicia podrá avanzar sobre sus bienes para ejecutar la sentencia.
El hombre, identificado por sus iniciales J.C.I. y de aproximadamente 73 años, fue condenado a fines de agosto de 2024 por el Tribunal en lo Criminal N.º 3 de Bahía Blanca. La sentencia lo consideró autor de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple reiterado, agravados por la guarda. Actualmente cumple la pena en la cárcel de Villa Floresta.
Los abusos ocurrieron entre el 20 de diciembre de 2021 y el 25 de septiembre de 2022. La niña tenía cuatro años cuando comenzaron los hechos.
La investigación penal estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 14, especializada en delitos sexuales, que entonces conducía la fiscal Marina Lara.
La sentencia penal quedó firme y tiene valor de cosa juzgada en el fuero civil. Por eso, la responsabilidad del hombre por las agresiones sexuales no volvió a discutirse en el proceso indemnizatorio.
La situación de la abuela, identificada como I.M., fue analizada desde otra perspectiva: la falta de protección de la niña frente a un riesgo que, según la resolución, conocía.
De acuerdo con el fallo, la mujer estaba al tanto de denuncias anteriores contra su pareja, pero continuó la relación y permitió que su nieta permaneciera en la vivienda. La jueza consideró especialmente grave que la niña durmiera en la misma habitación que ambos adultos, circunstancia que facilitó la comisión de los abusos.
La magistrada señaló que el deber de cuidado también surge de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina.
La causa tomó relevancia en Stroeder, donde otras mujeres habían denunciado presuntos abusos contra sus hijas y reclamado que se investigara la conducta del hombre. Según los antecedentes citados en el expediente, una de las agresiones denunciadas habría ocurrido en 2015, pero la abuela no habría tomado medidas para evitar que su nieta quedara expuesta a una situación de riesgo ni habría advertido a su hija.
La madre de la niña contó que, al retirarla en una oportunidad de la casa de su propia madre, notó que estaba callada y tenía un comportamiento extraño. Una vez en su hogar, la pequeña le relató que su abuelastro la había manoseado y besado en la boca, además de otros sometimientos ocurridos en distintas ocasiones, incluso cuando su abuela estaba presente.
La mujer viajó a Bahía Blanca y radicó la denuncia penal. En septiembre de 2022 se intentó realizar un examen médico legal a la niña, pero no pudo completarse debido a su estado de angustia y llanto. Al mes siguiente, un perito médico constató que había sido abusada.
Para establecer el monto de la indemnización, la jueza evaluó testimonios y peritajes psicológicos y psiquiátricos que describieron las consecuencias de los hechos.
Los testigos señalaron que la niña se mostraba retraída, sumisa, con dificultades para relacionarse con varones y problemas en la escuela.
En cuanto a su madre, las evaluaciones registraron un trastorno adaptativo moderado y crónico, además de síntomas de depresión, alteraciones del sueño y ataques de pánico que requirieron medicación.
La psicóloga que la atendía indicó que la mujer había quedado desbordada por la situación y que la actitud de su propia madre le había provocado angustia y desilusión.
La indemnización se inscribe en un tipo de reclamo que no suele aparecer con frecuencia en los tribunales: las demandas civiles por daños contra personas condenadas por abusos sexuales o violencia de género.
En muchos casos, las víctimas desconocen que pueden reclamar una reparación económica, enfrentan procesos prolongados o no cuentan con información sobre los plazos legales. También influye que los agresores no siempre tengan bienes suficientes para responder económicamente.
Un antecedente citado en Bahía Blanca fue el de una mujer de Coronel Suárez que, en 2022, obtuvo una indemnización de más de $ 2 millones contra su expareja por el daño moral y psicológico derivado de ocho años de agresiones. En ese caso, el hombre había sido condenado penalmente por amenazas.
Fuente: Agencia DIB
