La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados bonaerense decidió postergar el tratamiento de un proyecto presentado por la Coalición Cívica para prohibir y sancionar la caza furtiva en establecimientos rurales privados. La intención es incorporar sus principales herramientas a una reforma del Código Rural provincial, en lugar de avanzar con una legislación independiente.
14 de noviembre de 2026 - 12:10
Buscan reformar en la Legislatura el Código Rural para combatir la caza furtiva en los campos
La Comisión de Ambiente postergó el tratamiento de un proyecto de la Coalición Cívica que propone multas de hasta 30.000 unidades fijas, decomisos e inhabilitaciones para combatir la caza ilegal. La intención es incorporar sus principales disposiciones a una reforma del Código Rural bonaerense.
La iniciativa, impulsada por el diputado Luciano Bugallo y acompañada por el titular del bloque, Andrés De Leo, apunta a combatir una problemática que, según sus autores, creció en los últimos años: la organización de grupos de cazadores que ingresan sin autorización a campos privados y ponen en riesgo tanto a los animales silvestres como a las familias que viven y trabajan en esos establecimientos.
El proyecto busca establecer una prohibición expresa de la caza no autorizada en predios privados y alcanzar también a quienes utilizan armas de fuego, perros u otras razas caninas para perseguir, capturar o acorralar animales silvestres.
La discusión legislativa, sin embargo, tomó otro rumbo. En lugar de avanzar con una nueva ley, la comisión resolvió esperar y trabajar sobre una modificación del Código Rural bonaerense actual, con el objetivo de incorporar allí un régimen específico para este tipo de infracciones.
Las sanciones que contempla el proyecto original
El texto, identificado como expediente D-2534/26-27, permite precisar el alcance de la propuesta. El texto contiene un régimen de sanciones bastante amplio.
Entre sus principales disposiciones figuran:
- Multas de 1.000 a 20.000 unidades fijas por las conductas consideradas contravenciones graves contra la seguridad rural.
- Multas adicionales de 5.000 a 30.000 unidades fijas para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales privados con fines de caza.
- Agravantes del 50% cuando intervengan tres o más personas, se utilicen vehículos, la actividad se realice de noche, existan antecedentes o se afecten áreas protegidas.
- Inhabilitación para obtener permisos de caza durante diez años y, en los casos de ingreso ilegal a campos privados, una inhabilitación especial de quince años.
- Decomiso de perros, armas, cuchillos, herramientas y animales capturados, además del secuestro preventivo de los vehículos utilizados.
- Creación de un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
El proyecto también contempla que los perros decomisados sean sometidos a controles veterinarios y puestos a disposición de refugios y asociaciones protectoras, con la posibilidad de incorporarlos a programas de adopción responsable.
Un artículo que ya contempla la actividad
Uno de los argumentos centrales de Bugallo es que la provincia ya cuenta con herramientas legales para combatir determinadas modalidades de caza ilegal, pero que resultan insuficientes.
En particular, el artículo 273 del Código Rural bonaerense, establecido por el Decreto-Ley 10.081/83, prohíbe la formación de cuadrillas de caza, la caza nocturna y determinadas modalidades consideradas especialmente dañinas.
Los fundamentos del proyecto advierten que, pese a esas restricciones, continúan registrándose incursiones de grupos organizados que ingresan a establecimientos agropecuarios sin autorización, muchas veces con perros galgos, armas y vehículos.
La iniciativa también recoge las advertencias del Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA), que manifestó su preocupación por los episodios registrados en distintos puntos de la provincia y por los riesgos que representan para productores, trabajadores y familias rurales.
Fuente: Agencia DIB
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