En la reunión de la semana pasada, el Gobierno reiteró la oferta salarial y los gremios decidieron un paro de actividades.
El rectorado de la Universidad Nacional de La Plata.
Los docentes y nodocentes de las universidades volverán a realizar este martes 22 de septiembre, un paro en reclamo de mejoras salariales y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida es una continuidad de la realizada el viernes pasado, tras un nuevo fracaso en la paritaria salarial.
De esta manera, las actividades en las universidades y colegios preuniversitarios recién se normalizarán el miércoles, ya que por el Día del Estudiante que se celebra este lunes se acumulará varios días sin clases.
Los trabajadores del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea gremios de docentes y no docentes, decidieron realizar un paro de 48 horas, los días viernes 18 y el martes 22 de septiembre, al tiempo que se movilizarán en todas las provincias el jueves 15 de octubre. Más allá de estas protestas, que ya se consumieron más de 30 días sin clases, no se descarta otras medidas de fuerzas en los próximos días.
La última agenda de reclamos fue luego que el Gobierno ofreciera el jueves pasado otra vez un 3% de aumento en septiembre y 3% en octubre, sin cambios con respecto a la del encuentro anterior, por lo que la reunión en el Palacio Pizzurno terminó a los pocos minutos.
Además de esperar una oferta superadora, los integrantes de los sindicatos solicitaron los fondos que establece la judicializada Ley de Financiamiento Universitario: es decir, una recomposición del 32,5% que perdieron los salarios durante los primeros años de la administración nacional de Javier Milei.
Sin embargo, desde el Gobierno cuestiona las cifras solicitadas por las agrupaciones docentes y no docentes al afirmar que la aplicación total de la ley todavía no fue ordenada por la Justicia. Los voceros oficiales sostienen que la cautelar habilitó ajustes en becas y salarios, y que el aumento previsto para octubre deja la remuneración por encima de lo establecido en el fallo.
El contexto en el que se da esta discusión no es menor. El Ejecutivo asignó $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras se profundiza la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. El resto contempla gastos de funcionamiento, obras de infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios. La diferencia presupuestaria se superpone con un conflicto judicial y paritario.
Fuente: Agencia DIB
