Gobierno de Javier Milei proyecta recaudar US$1.500 millones durante 2027 a través de privatizaciones y concesiones, como parte de su estrategia para afrontar los vencimientos de deuda y reducir las necesidades de financiamiento. Se trata de un plan de desprendimiento de distintas empresas estatales que comenzó la gestión libertaria desde el inicio del mandato, aunque con velocidades dispares y lejos de las pretensiones iniciales.
9 de octubre de 2026 - 15:50
Tras AySA, las nuevas privatizaciones que planea el gobierno: rutas, trenes y centrales nucleares
La gestión libertaria busca recaudar US$1.500 millones durante 2027 con la nueva tanda de privatizaciones y concesiones.
El proceso de mayor avance es el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), luego de que ayer se conocieran las ofertas económicas por el 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional. El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, Transclor y PHX presentó la propuesta más alta, por US$340,2 millones, frente a los US$285 millones ofrecidos por el grupo Roggio. La operación contempla una concesión por 30 años, con posibilidad de prórroga, y un plan de inversiones superior a los US$2.000 millones para ampliar y mejorar los servicios de agua y cloacas. La oferta más alta quedó en condiciones de avanzar hacia una eventual adjudicación, aunque todavía deben cumplirse los pasos administrativos para formalizar la transferencia.
Sin embargo, la Casa Rosada prevé acelerar con otros casos. Uno de esos ejemplos es el de Belgrano Cargas y Logística. En agosto, el Ministerio de Economía convocó a una licitación nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El esquema abarca 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias e incluye inversiones obligatorias, acceso abierto para distintos operadores y la posibilidad de incorporar capital privado mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
a convocatoria prevé recibir ofertas hasta el 11 de noviembre de 2026, con la adjudicación proyectada para comienzos de 2027. El diseño contempla separar los negocios vinculados con las vías, los talleres y el material rodante, mientras que los recursos obtenidos por la venta de locomotoras y vagones podrán destinarse a financiar obras ferroviarias. El objetivo oficial es transferir al sector privado la gestión y las inversiones necesarias para recuperar la infraestructura ferroviaria de cargas.
En el sector energético, el Ejecutivo habilitó la venta de las participaciones estatales en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín. El Decreto 1107/2026, publicado el 28 de septiembre, autorizó la transferencia de las acciones que Energía Argentina (Enarsa) posee en ambas compañías: el 65,01% de Manuel Belgrano y el 68,83% de José de San Martín. La medida permite iniciar los procedimientos de licitación, pero no significa que las centrales ya hayan sido vendidas. El decreto también contempla avanzar con la privatización de la central Guillermo Brown una vez que concluya el proceso administrativo vinculado con su fideicomiso. En paralelo, la venta de activos remanentes de Enarsa, entre ellos los vinculados con gasoductos, forma parte de la agenda del Gobierno.
El panorama es diferente para Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en aeropuertos. El intento de vender el 100% de sus acciones terminó sin ofertas válidas y el Ministerio de Economía declaró desierta la licitación en julio. El procedimiento había fijado un precio base de aproximadamente US$45,1 millones, pero no consiguió un comprador que cumpliera las condiciones establecidas.
En materia de infraestructura, el Gobierno también avanza con las concesiones de rutas nacionales a operadores privados mediante el sistema de peajes. El programa comprende más de 9.000 kilómetros distribuidos en 16 tramos, con contratos de 20 años y sin subsidios del Tesoro.
Las empresas concesionarias deben hacerse cargo de la operación, el mantenimiento y las inversiones previstas, con ingresos provenientes del cobro de peajes. Se trata de concesiones de infraestructura y no de la venta de una empresa estatal en sentido estricto. A esa agenda se le agregan la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuya concesión fue adjudicada al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus por 25 años, con opción a una extensión de cinco años, y los cuatro principales complejos hidroeléctricos del Comahue, cuyas concesiones fueron adjudicadas por alrededor de US$700 millones.
Entre las operaciones que todavía requieren definiciones también aparecen Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), que administra los trenes de pasajeros. En el caso de Nucleoeléctrica, la normativa habilita una privatización parcial, pero el Estado debe conservar el control de la compañía; el proceso no tiene una fecha concreta de ejecución. Nucleoeléctrica opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. El plan contempla vender el 44% de las acciones mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51% del capital y el control de la compañía.
Para YCRT, el Estado debe mantener al menos el 51% del capital, por lo que cualquier operación deberá respetar esa condición. La venta de activos de Enarsa también requiere avanzar con los procedimientos particulares de cada unidad.
También se encuentra el proyecto AMBA I, una obra destinada a reforzar el sistema de transporte de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La iniciativa prevé una inversión estimada en US$1.100 millones para ampliar la capacidad de la red de alta tensión y mejorar el abastecimiento eléctrico.
La apertura de ofertas está prevista para el 14 de diciembre de 2026. A diferencia de una privatización tradicional, el proyecto se instrumentará mediante una concesión y su financiamiento se recuperará a través del sistema tarifario, por lo que no representa un ingreso directo para el Tesoro nacional.
En materia hidroeléctrica, el Ejecutivo también debe resolver el futuro de varias concesiones cuyos contratos están próximos a vencer. Entre los complejos que forman parte de esa agenda figuran Los Nihuiles, en Mendoza; Futaleufú, en Chubut; y otras dos centrales ubicadas en Santiago del Estero.
Fuente: Agencia DIB.
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