El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata intimó este miércoles al canciller Pablo Quirno a intervenir frente al proyecto que busca una conexión comercial entre Punta Arenas en Chile y Puerto Argentino en las islas.
9 de septiembre de 2026 - 19:05
Malvinas: el Centro de Excombatientes de La Plata intimó a Quirno por la nueva ruta desde Chile
En una carta documento le exigieron al canciller que aplique el Decreto 868/2026, impida la prestación de servicios portuarios a la cadena logística denunciada y lleve el planteo a organismos internacionales.
La entidad reclamó al gobierno nacional de Javier Milei que avance con protestas diplomáticas y medidas contra las empresas que participen de la operatoria, que vincula con la explotación petrolera en el Atlántico Sur y en ese marco envió una carta documento, a la que tuvo acceso DIB, donde exige un repuesta y un accionar en consecuencia dentro de las 72 horas posteriores a su recepción.
El acuerdo se conoció el jueves 3 de septiembre y vincula al municipio chileno, Easter Island Naviera, la empresa chilena especializada en servicios de logística y transporte marítimo, y la agencia oficial de desarrollo económico de las Islas. Según advierten los excombatientes, una delegación de 25 empresarios británicos podría visitar Punta Arenas el 28 y 29 de septiembre para reunirse con proveedores. El primer viaje sería en noviembre, después de un anuncio inicial realizado en julio.
De acuerdo a lo manifestado por el CECIM, la conexión busca competir con el abastecimiento que llega desde Uruguay. El trayecto desde Uruguay ronda los 2.000 kilómetros y podría reducirse a la mitad desde Punta Arenas. La carga incluiría alimentos, frutas, verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. El alcalde Claudio Radonich estimó el mercado isleño en 20 millones de dólares anuales y sostuvo que las restricciones de 2011 habrían ocasionado a Magallanes pérdidas por 300 millones.
Para el CECIM, el problema excede las mercaderías. La organización vincula el corredor con el abastecimiento de Sea Lion, proyecto petrolero en aguas cuya soberanía reclama la Argentina. El documento no acredita, por sí solo, que todos los cargamentos previstos tengan destino petrolero ni que la ruta incluya operaciones militares.
Las medidas que reclama el CECIM
La presentación cita a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, que declara permanente e irrenunciable el objetivo de recuperar la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios correspondientes. También cita las resoluciones de Naciones Unidas, relativas a la disputa, las modificaciones unilaterales y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur.
En el plano interno, la entidad se apoya en la Ley 26.659, modificada por la 26.915. El régimen restringe la exploración y explotación de hidrocarburos sin habilitación argentina, además de contrataciones comerciales, financieras, logísticas o técnicas vinculadas. Contempla inhabilitaciones de cinco a veinte años, reversión de concesiones, pérdida de beneficios impositivos, prohibición de contratar con el Estado e inscripción pública de infractores. Su artículo 7 prevé figuras penales de competencia federal.
El CECIM hace hincapié sobre el Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, que designa a Cancillería como autoridad de aplicación. Según la carta, establece cinco días hábiles para informes de organismos públicos y diez para descargos y resolución. Las 72 horas comienzan con la recepción de la intimación, cuya fecha efectiva no consta en el documento.
La organización exige protestas ante Chile, para reclamar el cese de la facilitación de la explotación denunciada, y ante el Reino Unido. Además, pide abrir procedimientos sancionatorios contra Easter Island Naviera, Easter Island Logistics, la Falkland Islands Development Corporation y quienes intervengan en transporte, agenciamiento, estiba, aprovisionamiento, seguros, reaseguros y demás servicios logísticos, incluidos accionistas, directores, sociedades vinculadas y proveedores.
También solicita comunicar una eventual nómina de infractores a la Secretaría de Energía, ARCA, la Administración General de Puertos y autoridades portuarias provinciales, para impedir servicios a la cadena denunciada. También pide advertir a reguladores bursátiles y mercados donde coticen las compañías involucradas sobre los riesgos administrativos y penales.
El escrito también pide instruir a Prefectura Naval Argentina para exigir y denegar la autorización previa del Decreto 256/2010 en los supuestos previstos para viajes, tránsito por aguas jurisdiccionales y transporte de mercaderías entre el continente argentino y las islas. Reclama reafirmar la declaración regional de 2011, acudir al secretario general de Naciones Unidas, su Comité de Descolonización, la CELAC y los países de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, e informar al público y al CECIM el avance de las gestiones. Como respaldo, menciona el Tratado de Paz y Amistad con Chile de 1984 y la declaración de Ushuaia de 1998.
La presentación no constituye una resolución administrativa ni demuestra que las empresas hayan cometido una infracción. La entidad cierra con una advertencia sobre el costo de no aplicar las herramientas legales: “La soberanía que no encarece el saqueo no lo detiene: lo subsidia”.
Fuente: Agencia DIB.
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