El gobierno de Axel Kicillof abrió una investigación a través del ministerio de la Producción para exponer el método que usan las billeteras electrónicas para calcular la tasa de interés que cobran por los prestamos a cada usuario y, también, los ítems que componen el Costo Financiero Total, que determina lo que efectivamente se paga por el dinero que se toma.
Kicillof anunció la medida hoy en una conferencia de prensa junto a Augustoi Costa, el ministro de la Producción, en la que anunció un endurecimiento del control que viene ejerciendo la provincia sobre el funcionamiento de las billeteras, a las que amenazó con aplicación de multas de hasta $1.883 millones si aplican cláusulas comerciales abusivas.
Pero el poder de fuego regulatorio de PBA es limitado: no puede actuar sobre lo que cobran las billeteras porque ese es un resorte nacional, que además el gobierno de Javier Milei desreguló con el DNU 70. En compensación, Kicillof aplica controles vía Defensa del Consumidor que ya obligaron a las empresas a realizar cambios en el modo en que comercializan sus productos.
En ese marco, Kicillof anunció que pidió información a Mercado Libre/Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay y Brubank para determinar el modo en que funciona el algoritmo que determina cuánta tasa de interés le cargan a un usuario y, también, los ítems que componen el Costo Financiero Total, que es lo que finalmente determina cuánto pagan los usuarios.
Costo dijo de este último punto que “es un misterio total, muy difícil de determinar no solo para los usuarios particulares sino también para los gobiernos. La variable es clave: a veces, el CFT termina duplicando o triplicando los pagos esperados por la tasa que aparece en la oferta que se le ofrece a los usuarios que toman créditos, pero pocos lo advierten.
“El CFT tiene que estar informado de modo bien visible y eso es algo que muchas veces no ocurre”, dijo Costa. El plan del gobierno es exponer la composición del CFT para ponerlo bajo debate público. “La gente tiene que saber qué está pagando, es elemental”, dijo Costa. Lo mismo para las tasas: sobre todo quieren descifrar la variabilidad entre lo que les cobran a unos usuarios y a otros.
Kicillof explicó que las Fintech “por un mismo bien, una deuda, cobran precios diferentes según la capacidad de pago, las conductas de consumo, una batería de información que tienen las billeteras, que en la mayoría de los casos quienes toman la deuda ni saben a qué se enfrentan”.
Medidas
El ministro de Producción provincial ejemplificó el resto de los itemns que se buscarán controlar a través de defensa del consumidor con algunas conductas de las billeteras virtuales que, según el relevamiento del gobierno de Kicillof, están reñidas con la normativa de defensa al consumidor. “¿Qué encontramos actuando de oficio en las plataformas de Mercado Libre y Mercado Pago? Que no te dicen del valor que te cobran por los servicios, porque se reservan el derecho de establecer cargos sin especificar cuáles son en las operaciones. Eso viola la ley de defensa al consumidor", aseveró Costa.
Entre otros ejemplos que ofreció, Costa dijo que esas plataformas “dan por aceptados nuevos términos y condiciones si uno sigue usando la plataforma [sin consultarle al usuario si acepta esos nuevos términos y condiciones]”, que, “en caso de tener problemas de seguridad con la cuenta o la aplicación, se invierte la carga, es responsabilidad del usuario”, y que “las empresas se arrogaban derecho para retener plata y cobrarse deudas de otro contrato”.
Kicillof ya intervino con anterioridad en el tema de la morosidad, que lo pone nuevamente en la vereda opuesta al Gobierno. A principios de julio, el Banco Provincia anunció un plan por el que redujo tasas para los casos de mora temprana (hasta 90 días de atraso) y avanzada (más de 90 días. En el primer caso, ofrece acceder a una tasa del 50%; en el segundo, a una tasa especial del 31% anual.
Críticas
Durante su exposición, Kicillof advirtió sobre la magnitud del fenómeno del endeudamiento y señaló que “el 60% de la población adulta del país está endeudada”, lo que representa unos 21 millones de personas. A su vez, afirmó que “1 de cada 5, el 20% del total, o sea 6 millones, se encuentra en situación de mora”.
Según los datos presentados, la morosidad entre los deudores bancarios pasó del 2,5% al 12,8% durante la gestión de Javier Milei; en las billeteras virtuales, del 5,7% al 24,5%, mientras que entre los usuarios de financieras no bancarias aumentó del 17,5% al 43%.
Kicillof sostuvo que el crecimiento de los incumplimientos no puede explicarse solamente por decisiones individuales de quienes contrajeron las deudas. “Con ese solo dato ya un sencillo razonamiento se llega a la conclusión de que esta situación de incumplimiento no es un problema entre privados”, afirmó. En ese sentido, vinculó el fenómeno con la política económica nacional y sostuvo que “este fenómeno es producto y resultado de la famosa macroeconomía que en teoría anda bien de Milei”, al considerar que los ingresos salariales, las jubilaciones y la rentabilidad de distintos sectores empresarios se encuentran “bajos y planchados”.
El gobernador también cuestionó el argumento de que las familias simplemente deciden endeudarse y retomó la metáfora de la “pistola en la cabeza” utilizada por Milei. En contraposición, planteó que las condiciones económicas pueden llevar a los hogares a tomar créditos para afrontar gastos básicos como alimentos o medicamentos. “Es necesario un Estado que regule y esté presente, no basta con decir que hizo lo que quiso”, sostuvo, y reclamó una mayor intervención estatal frente a situaciones de endeudamiento, ludopatía y otros consumos problemáticos.
Fuente: Agencia DIB.