La científica de la Unidad Integrada Balcarce que dirigió en Argentina el proyecto internacional Sprint, un estudio que analizó la presencia de plaguicidas en el ambiente y en el organismo de personas voluntarias, recibió la sanción disciplinaria más severa contemplada en el régimen de empleo público nacional. La medida implica su salida definitiva del organismo y la inhabilita para continuar en la administración pública nacional.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, la investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que dirigió en Argentina el proyecto internacional Sprint, un estudio que analizó la presencia de plaguicidas en el ambiente y en el organismo de personas voluntarias. La medida implica su salida definitiva del organismo y la inhabilita para continuar en la administración pública nacional.
La decisión fue formalizada mediante la resolución 366 del organismo y constituye la sanción disciplinaria más severa contemplada en el régimen de empleo público nacional.
El caso pone punto final, al menos en el plano administrativo, a un proceso que comenzó a fines de 2023 con la apertura de un sumario sobre la ejecución del proyecto Sprint, una investigación financiada por la Unión Europea que generó fuerte repercusión por sus resultados sobre la exposición humana y ambiental a agroquímicos.
La exoneración se apoya en las conclusiones de la investigación interna realizada por el INTA. Según la resolución, las autoridades consideraron acreditadas conductas incompatibles con las obligaciones de una agente pública, vinculadas tanto a la gestión del proyecto como a la utilización de recursos institucionales.
Los argumentos del organismo
Uno de los principales cuestionamientos planteados por el Consejo Directivo se relaciona con la participación de José Luis Costa, investigador ya retirado del INTA y pareja de Aparicio, en distintas instancias del proyecto. El organismo sostuvo que Costa tuvo acceso a tareas de coordinación e información sensible de la investigación sin contar con una autorización institucional específica ni una formalización por parte de los órganos competentes.
La resolución sostiene que la investigadora utilizó atribuciones derivadas de su rol como coordinadora para otorgarle una participación relevante a una persona que carecía de vínculo laboral vigente con el instituto. Ese aspecto fue considerado una de las infracciones centrales para justificar la sanción.
El segundo eje de las observaciones apunta al manejo de los fondos europeos destinados al proyecto. El sumario analizó ingresos y gastos asociados a Sprint, incluidos desembolsos para el traslado de muestras biológicas al exterior. Según las autoridades, determinadas decisiones operativas vinculadas con esos recursos no habrían contado con las autorizaciones institucionales requeridas.
No obstante, la propia resolución aclara que los movimientos contables relevados no permiten concluir, por sí mismos, la existencia de un perjuicio económico equivalente para el Estado. También reconoce que no se acreditó un beneficio patrimonial directo para la investigadora. Aun así, el directorio consideró que las irregularidades detectadas alcanzaban la gravedad suficiente para aplicar la máxima sanción administrativa.
Un proyecto que generó controversia
El caso adquirió notoriedad pública por el contenido de la investigación. Sprint fue una iniciativa internacional coordinada desde Europa para estudiar la presencia de residuos de plaguicidas en ambientes rurales, alimentos, animales y personas.
En Argentina, el trabajo estuvo a cargo de un equipo radicado en Balcarce y contempló la toma de pruebas biológicas y ambientales para evaluar distintos niveles de exposición a agroquímicos. Los resultados difundidos por los investigadores exhibieron la presencia de diversas sustancias en muestras humanas y ambientales, lo que abrió un debate sobre los riesgos asociados al uso intensivo de plaguicidas y sobre las políticas de control vigentes.
La difusión de esos hallazgos ya había generado tensiones entre la investigadora y las autoridades del organismo. En los últimos años, el INTA tomó distancia institucional de la investigación y de la presentación de algunos resultados, mientras que sectores científicos, ambientales y académicos denunciaron que existía una presión política y administrativa sobre el equipo de trabajo.
Fuente: Agencia DIB.
