19 de noviembre de 2026 - 20:19

Discapacidad: el Senado convirtió en ley por unanimidad el nuevo régimen

Con el respaldo de los 71 legisladores presentes, la Cámara alta aprobó la ley de discapacidad que mantiene los principales beneficios de la ley de emergencia.

El Senado de la Nación convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, que mantiene prácticamente todos los beneficios contemplados en la legislación de emergencia que vence en diciembre, pero establece un régimen permanente.

La iniciativa obtuvo el respaldo de los 71 legisladores presentes, en una votación que reflejó un amplio consenso político después de más de un año de enfrentamientos entre el Gobierno y las organizaciones del sector.

Un año después

La sanción se produjo un año después de que el oficialismo rechazara la ley de emergencia en discapacidad y luego del respaldo del papa León XIV a los reclamos de las personas con discapacidad y sus familias. El nuevo marco legal busca garantizar la continuidad de las prestaciones, las pensiones y las coberturas médicas, además de establecer mecanismos de financiamiento y auditoría.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó que la iniciativa representa “un acuerdo social y un acuerdo político” y sostuvo que permitirá superar las dificultades que atravesó el sistema durante los últimos años.

“Estamos saliendo de una emergencia y estamos planteando certeza para generar transparencia y previsibilidad. Estamos votando una ley que dice claro de dónde sale cada peso que se va a gastar”, afirmó la legisladora.

Bullrich reconoció las dificultades que enfrentaron las familias, las deficiencias en las auditorías y la incertidumbre provocada por las sucesivas prórrogas. Sin embargo, defendió que la nueva normativa establece un esquema de prestaciones compatible con el equilibrio fiscal que impulsa el Gobierno nacional.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, sostuvo que la única manera de superar la emergencia es mediante reglas estables que aseguren la continuidad de los beneficios.

Críticas de la oposición

Desde el peronismo, la senadora Alicia Kirchner advirtió que la aprobación constituye un avance, aunque consideró que resulta insuficiente para reparar las consecuencias de las políticas aplicadas anteriormente.

“Ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida”, expresó la exgobernadora de Santa Cruz, quien agregó que el Congreso estaba dando “una respuesta muy importante, pero no definitiva”.

Más crítica fue la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, quien cuestionó directamente al presidente Javier Milei y atribuyó la sanción de la norma a las movilizaciones de las organizaciones de discapacidad.

“Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle”, sostuvo. Además, advirtió que, sin modificaciones presupuestarias que garanticen los recursos necesarios, los derechos reconocidos podrían quedar comprometidos.

Por su parte, Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, reclamó optimizar los recursos y acompañar a las provincias para garantizar los servicios. Desde el PRO, Martín Goerling Lara consideró que la tranquilidad de las familias no puede depender de una emergencia que vence cada año.

Los principales puntos de la nueva ley

La norma, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, reproduce gran parte de los beneficios establecidos en la Ley 27.793, aunque elimina su carácter transitorio y los convierte en disposiciones permanentes y de orden público.

Entre sus principales medidas, mantiene la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, y el empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

También conserva el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática y periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la inflación.

Asimismo, garantiza la cobertura médica básica mediante el programa federal Incluir Salud y dispone que el presupuesto del Ministerio de Salud destinado al sector no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.

En materia de controles, establece auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo criterios que garanticen el debido proceso inclusivo.

Finalmente, incorpora un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la legislación.

La aprobación llegó durante una extensa sesión que también incluyó el ingreso de pliegos judiciales, ascensos militares y pedidos de tratamiento preferencial para otros proyectos, entre ellos una prórroga del Estatuto del Periodista.

Fuente: Agencia DIB

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