Incluyó en el Presupuesto artículos que afectan la ley de emergencia cuya prórroga, en simultáneo, se discute en el Congreso.
La discusión del proyecto de Emergencia en Discapacidad, hoy en Diputados.
DIB.El Gobierno incluyó en el proyecto de presupuesto para el año próximo artículos que eliminan aspectos clave de la ley de Emergencia en Discapacidad en el mismo momento en que se discute en el Congreso la posibilidad de avanzar con una prórroga por un año de esa ley, que vence el 31 de diciembre, en una estrategia que generó tensión en su tropa legislativa.
El Ejecutivo giró el proyecto de Presupuesto 2027 a la cámara de Diputados anoche a las 23:30, al filo del límite legal para hacerlo, después de que el presidente Javier Milei conversara con su tropa legislativa sabre esa y el resto de las iniciativas que espera ver aprobadas en el parlamento antes de fin de año.
En ese texto hay varios artículos que impactan en la negociación legislativa que comenzó a desarrollarse esta tarde en un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, convocada en particular para debatir la posibilidad de una prórroga a la ley de emergencia.
En el plenario, desde el bloque de LLA dejaron trascender su fastidio porque el Ejecutivo no les advirtió de los cambios y complico las conversaciones con los aliados respecto del proyecto. El PRO también se mostró en desacuerdo con la estrategia de la Casa Rosada.
Quien lo expresó de modo abierta fue la exmacrista Silvana Giúdici, ahora integrada al bloque de LLA, quien apuntó que “creemos que este Congreso tiene un tiempo largo para luego tratar el presupuesto y debatir cuáles son las mejores condiciones, no solo las cláusulas mencionadas (por las eliminadas)”, en un intento por desligar ambas discusiones.
El artículo 41 del proyecto de Presupuesto deroga directamente los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793, la norma de Emergencia en Discapacidad que el Congreso le había aprobado a Milei en 2025. El artículo 5° es el que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El artículo 8° garantiza a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Discapacidad la cobertura de salud y las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. El artículo 9° dispone la conversión automática de pensiones no contributivas anteriores en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
Y el artículo 14° es el que había incorporado el artículo 7° bis a la Ley 24.901, estableciendo que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas fueran iguales para todos los obligados a brindar cobertura —obras sociales, prepagas y Estado— y se actualizaran automáticamente por el índice de movilidad jubilatoria.
El mismo Presupuesto que deroga el artículo que había creado ese artículo 7° bis lo vuelve a escribir, con otro contenido, en su propio artículo 39. El texto nuevo establece que “la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento” entre las jurisdicciones, y que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales”: cada ente obligado —cada obra social, cada prepaga, cada provincia— fijará sus propios valores en su relación con los prestadores. Solo para las prestaciones a cargo del Estado Nacional el proyecto prevé que los aranceles los determine trimestralmente la Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud desde que el Gobierno disolvió la ANDIS a fin de 2025.
El combo se completa con otros dos cambios. El artículo 36 fija la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral en el 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado. Y el artículo 37 elimina la excepción que hoy permite conservar la pensión con un empleo formal si los ingresos no superan dos salarios mínimos: con la nueva redacción, cualquier vínculo laboral registrado hace perder el beneficio, sin excepciones.
Los números del propio proyecto de Presupuesto muestran además que el programa de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral —el que paga las pensiones— sube 50,9% en pesos corrientes respecto de 2026, a $6,09 billones. Pero el programa de Atención Médica a esos mismos beneficiarios, que es el que en teoría cubriría las prestaciones de salud, casi no se mueve: sube apenas 2,1% nominal, a 1,17 billones. Con una inflación proyectada de entre 18% y 20% para 2027, eso equivale a una caída real. Sube la plata de la pensión en efectivo; se licúa la que debería pagar terapias, transporte y apoyo escolar.
Fuente: Agencia DIB.
