La Justicia Federal de Mar del Plata ordenó la expulsión de la Argentina de Edwin García Jara, un narcotraficante peruano conocido como “Bolongo”, quien comandaba una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes incluso desde una cárcel de Neuquén. El hombre, condenado en julio pasado a una pena unificada de 17 años de prisión, será trasladado a Perú una vez que se completen los trámites migratorios y se coordine la logística entre ambos países.
4 de noviembre de 2026 - 11:56
La Justicia marplatense extraditará a un narco peruano que operaba desde la cárcel
Edwin García Jara, conocido como “Bolongo”, fue condenado a 17 años de prisión por liderar una organización que distribuía cocaína y drogas sintéticas en Mar del Plata.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 1 y contempla la prohibición permanente de reingreso a la Argentina, en el marco de la Ley de Migraciones. De esta manera, el Estado argentino avanzará con el extrañamiento del condenado, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes.
Desde la cárcel
García Jara se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario de Senillosa, en Neuquén, bajo un régimen especial para internos considerados de alto riesgo. Desde allí mantenía el control de una estructura criminal que tenía en Mar del Plata uno de sus principales puntos de distribución.
Para sostener el funcionamiento de la organización contaba con la colaboración de Josef López Espantozo, alias “El Perú”, quien también estaba detenido, en este caso en la Unidad Penal N° 44 de Batán. Ambos coordinaban las operaciones y daban instrucciones a los integrantes de la banda que se encontraban en libertad.
Conexiones en todo el país
La investigación que permitió desarticular la estructura comenzó a partir de una denuncia y quedó a cargo de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina, con intervención del fiscal Santiago Eyherabide.
Las primeras sospechas apuntaron a Claudia Elizabeth Díaz Orihuela, quien fue detectada mientras comercializaba éxtasis y otras sustancias en las inmediaciones de la Universidad FASTA y la Universidad Nacional de Mar del Plata. También coordinaba entregas de cocaína mediante la modalidad de delivery y utilizaba Instagram para pactar ventas destinadas a fiestas electrónicas.
Las intervenciones telefónicas permitieron reconstruir el funcionamiento de la red y establecer sus conexiones con los dos principales referentes. En una conversación del 28 de noviembre de 2023, Díaz Orihuela se quejó por una partida de droga de mala calidad que le había provocado pérdidas de unos 1.000 dólares. En esa comunicación manifestó que necesitaba conseguir cocaína de mayor pureza para mezclarla y revenderla.
Las escuchas también revelaron su vínculo con López Espantozo, quien desde la cárcel de Batán utilizaba un teléfono celular para impartir instrucciones sobre el armado y empaquetado de los envoltorios, además de establecer cómo se repartirían las ganancias: un 50% para cada uno.
A su vez, López Espantozo mantenía contacto con García Jara, quien dirigía las operaciones desde Neuquén. La droga llegaba desde el Área Metropolitana de Buenos Aires y era almacenada en la vivienda de Yesenia Estefany Vidal Campos, pareja de “Bolongo”, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino.
La organización también contaba con integrantes encargados de verificar la calidad de los estupefacientes. Entre ellos estaba Luz Aurora “Mamita” Lucero Campos, quien tenía conocimientos para evaluar la pureza de la cocaína.
El operativo que permitió desarticular la banda
Uno de los movimientos clave para la investigación ocurrió durante la madrugada del 14 de enero de 2024. Lucero Campos y Orlando Néstor Rodríguez viajaron en un colectivo de larga distancia de la empresa Rutatlántica desde Ciudadela hasta Mar del Plata. Llegaron a las 6.27 a la terminal con un kilo de cocaína escondido en una mochila negra.
Las cámaras de seguridad registraron el desembarco y permitieron reconstruir el traslado de la droga hasta una vivienda de la calle Romano al 3100, vinculada a Sindy Zenaida Ramírez Abanto, expareja de López Espantozo.
Con las pruebas reunidas, el 8 de marzo de 2024 se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de Mar del Plata y el Gran Buenos Aires, además de procedimientos en las cárceles donde estaban alojados los principales investigados.
En la celda de García Jara, en Senillosa, los investigadores encontraron el teléfono celular que utilizaba para dirigir la organización. Durante los operativos también se secuestraron ladrillos y envoltorios de cocaína, plantas de marihuana, balanzas de precisión, más de 15.000 dólares, cerca de un millón de pesos y dos armas de fuego listas para disparar: una pistola Bersa calibre 22 con numeración suprimida y un revólver Taurus calibre 38.
Nueve condenas y penas de hasta 17 años
El juicio oral concluyó en julio pasado con nueve condenas. García Jara y López Espantozo fueron considerados coautores del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. Ambos recibieron seis años de prisión por esta causa, aunque, al unificarse las penas con condenas anteriores, “Bolongo” quedó con una pena única de 17 años y su socio con 10 años y seis meses.
Yesenia Estefany Vidal Campos recibió seis años de prisión por su participación en la organización, con una pena única unificada de 13 años.
Por su parte, Sindy Zenaida Ramírez Abanto, Claudia Elizabeth Díaz Orihuela, Luz Aurora Lucero Campos y Orlando Néstor Rodríguez fueron condenados a cuatro años de prisión cada uno como partícipes secundarios del comercio agravado de estupefacientes. Carlos Alberto Cruz Lorenzo recibió tres años de prisión.
En otros tramos de la causa, Jorge Luis Díaz Orihuela fue condenado a tres años de prisión por tenencia ilegítima de estupefacientes y armas de fuego de uso civil. María Soledad Barreiro, en tanto, accedió a una suspensión del juicio a prueba por un año por el delito de confabulación.
De alto riesgo
García Jara había sido incorporado al sistema SIGGPLAR, el protocolo federal destinado a internos considerados de alto riesgo. Ese régimen contempla estrictas medidas de seguridad, entre ellas aislamiento, vigilancia permanente, evaluaciones periódicas y restricciones a las comunicaciones con el exterior, especialmente mediante dispositivos celulares.
La posibilidad de su extradición se activó luego de la condena y de los trámites impulsados por la Dirección Nacional de Migraciones. La medida, que ahora depende de la coordinación entre las autoridades argentinas y peruanas.
Fuente: Agencia DIB
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