El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó un recurso de reconsideración ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) para solicitar la revocación de la Resolución 6/2026, que habilita un proceso para incorporar hasta 18 nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar (Illex argentinus). La Provincia también pidió la suspensión de los efectos de la medida hasta que existan estudios científicos, técnicos y ambientales que demuestren que el aumento del esfuerzo pesquero no comprometerá la sustentabilidad del recurso.
13 de junio de 2026 - 11:16
El Gobierno bonaerense pidió frenar la incorporación de nuevos buques para la pesca de calamar
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, advirtió sobre la falta de estudios científicos que respalden la medida y denunció un esquema que perjudica a la provincia de Buenos Aires y al complejo pesquero de Mar del Plata.
En la presentación, Javier Rodríguez sostuvo que la decisión fue aprobada sin respetar las reglas de funcionamiento del propio Consejo Federal Pesquero, ya que el proyecto fue incorporado, tratado y votado en la misma reunión, sin que los integrantes del organismo contaran previamente con toda la documentación necesaria para su análisis.
Además, el ministro advirtió que la resolución carece de fundamentos científicos suficientes para justificar la ampliación de la capacidad extractiva. Según el planteo bonaerense, no existen estudios específicos que evalúen el impacto que tendría la incorporación de nuevas embarcaciones sobre los distintos stocks de calamar presentes en el Mar Argentino, ni análisis que permitan determinar con precisión los riesgos para la conservación de la especie.
El texto cuestionado
En la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero, la habilitación de proyectos para incorporar los buques poteros se basa en un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) que concluyó que un aumento moderado de la flota nacional no pondría en riesgo la sustentabilidad del recurso y permitiría incrementar la participación argentina en una pesquería donde actualmente operan numerosas flotas extranjeras en aguas adyacentes.
La convocatoria está dirigida a empresas que cuenten con plantas de procesamiento en tierra o que tengan convenios con establecimientos habilitados. Los proyectos deberán comprometer un reprocesamiento mínimo del 20% de las capturas en territorio nacional, cumplir requisitos técnicos y administrativos, y presentarse dentro de los 20 días hábiles posteriores a la publicación de la norma. Además, cada empresa o grupo empresario podrá postular hasta dos buques, con límites de antigüedad y capacidad establecidos por la resolución.
Según el Consejo Federal Pesquero, la incorporación de estas embarcaciones podría generar alrededor de 600 puestos de trabajo directos a bordo y un "impacto positivo en toda la cadena industrial vinculada al procesamiento de pescado en tierra".
Contra el principio precautorio
La Provincia argumentó que la medida contradice el principio precautorio establecido por la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, que obliga a actuar con prudencia cuando existen incertidumbres científicas sobre posibles daños ambientales. En ese sentido, remarcó que la falta de información no puede utilizarse para justificar una expansión de la explotación pesquera, sino que debe conducir a una mayor protección de los recursos naturales.
Otro de los puntos cuestionados es el sistema de puntuación territorial incluido en la resolución. El recurso sostiene que el esquema otorga ventajas competitivas a determinadas provincias para acceder a los nuevos permisos de pesca, mientras coloca en desventaja a Buenos Aires. Según el documento, los proyectos vinculados al complejo pesquero bonaerense deberían afrontar mayores costos e inversiones para alcanzar puntajes equivalentes a los de otras jurisdicciones, afectando la competitividad de uno de los principales polos pesqueros e industriales del país, concentrado en Mar del Plata.
Puntajes
La presentación advierte que la resolución asigna 30 puntos a los proyectos que desembarquen en Tierra del Fuego, 25 en Santa Cruz, 20 en Chubut, 15 en Río Negro y apenas 10 en Buenos Aires, sin brindar fundamentos técnicos o jurídicos que justifiquen esa diferenciación.
La Provincia recordó además que votó en contra de la iniciativa durante su tratamiento en el Consejo Federal Pesquero y ratificó su rechazo a la medida por considerar que afecta principios fundamentales del régimen federal de pesca, la igualdad entre jurisdicciones y la sustentabilidad de los recursos marinos.
En el recurso, Buenos Aires solicita que se deje sin efecto la Resolución 6/2026 o, subsidiariamente, que se suspenda su aplicación hasta contar con evidencia científica suficiente que garantice la conservación y utilización racional del recurso pesquero.
Fuente: Agencia DIB