Ley de Tierras: la Justicia anuló la cautelar que había suspendido su derogación

Una sentencia que deja mucho que desear. Una sentencia que omite la inobservancia de procedimientos esenciales ordenada por la Ley de Procedimiento Administrativo.
Una sentencia culposa, en la que, por un lado enaltece a los pibes que fueron enviados a la guerra para defender la… https://t.co/J7yB9PfHrN

— Jerónimo Guerrero Iraola (@jerogi) February 5, 2024

“Una sentencia culposa, en la que, por un lado enaltece a los pibes que fueron enviados a la guerra para defender la soberanía nacional, para en el párrafo siguiente decir que no pueden acudir a la justicia a hacerlo”, lamentó.

Además, adelantó que CECIM apelará la medida: “No vamos a dejar firme esta entrega judicial de la soberanía nacional” advirtió.

De acuerdo al fallo dado a conocer por Palabras de Derecho, la justicia hizo lugar a uno de los planteos del gobierno nacional referidos a la “falta de legitimación activa del CECIM” para la cuestión en debate “ya que carece de un interés concreto y personal que se encuentre afectado, lo que deriva en la ausencia de caso, siendo ello un requisito de admisibilidad necesario para la consecución de la acción intentada”, explicaron los abogados del Ejecutivo.

“Me veo obligado a señalar que no surge que el Centro actor se encuentre facultado para actuar en juicio en representación de la comunidad toda; tampoco ello surge de las atribuciones otorgadas a la Comisión Directiva, Presidente y Vicepresidente del mismo. Por más amplia que resulte la interpretación que se atribuya a dicho estatuto, de los términos allí utilizados no puede extraerse que el CECIM pueda estar en juicio en defensa de los intereses de los habitantes de la Nación Argentina”, consideró el juez en el fallo.

Y completó: “Menos aún puede argumentarse que dicho instrumento habilite al CECIM a accionar judicialmente en representación de los intereses individuales de quienes, en definitiva, se verían directamente afectadas por la norma impugnada en autos, esto es, cada propietario de terreno rural, como así tampoco del interés colectivo que se pretende asumir -defensa de la soberanía nacional”.

La ley 26.737  de Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales establece que sólo el 15% de las tierras rurales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. Por lo que si avanza esa derogación, ya no habrá límites en la compra de tierras por parte de inversores de otros países en ningún lugar del país. (DIB)