Por Andrés Lavaselli
Axel Kicillof carece de un insumo básico para la gestión: información. A una semana de comenzar el año, el Gobernador ignora cuál será la dimensión del ajuste que le impondrá el presidente Javier Milei en un rubro clave para el financiamiento bonaerense, los ya famosos fondos discrecionales que lo gira la Nación. Por eso, está comenzando a tomar decisiones sobre la marcha, a ensayar respuestas de gestión que apelan más a la creatividad que a los recursos financieros, mientras pone en marcha un viraje en su estrategia política. A la par, una mutación de fondo comenzó a rumiarse en la trastienda del oficialismo provincial.
El año pasado, los envíos que llegan por fuera de la coparticipación significaron un cuarto del gesto ejecutado por el Estado bonaerense. Ese enorme peso relativo hace explica por qué la decisión de Milei de recortarlos todo lo que pueda enciende alarmas hasta tableros de mando que no son el de Kicillof. El Presidente afirma que la decisión tiene que ver con terminar con el déficit nacional. Pero en Buenos Aires, hasta los intendentes radicales está preocupados: saben que parte de esa plata termina en sus comunas.
“Tenemos presupuesto asegurado para seis meses, después todo es borroso”, afirman en un despacho importante del Gabinete provincial. Es que ni siquiera el aumento de impuestos que la oposición ayudó a aprobar hace dos semanas alcanza blindar al tesoro. La razón es elemental: en escenarios de recesión agudizada como el que está desplegándose, siempre cae el nivel de cumplimiento en el pago de los tributos patrimoniales, como el Inmobiliario o el Automotor. Son, justamente, aquellos sobre los que recayó el incremento más importante.
El nivel de impacto se puede medir en un dato indirecto, pero notable. Aunque en modo tentativo, no oficial todavía, los gremios estatales recibieron una propuesta paritaria inédita. El gobierno les habló de un aumento salarial del 20% para cerrar 2023, lo que, con una inflación que podría estar cerca del 220%, dejaría los sueldos de los empleados públicos un 30% por debajo de la evolución de los precios. Medido todo en números aproximados. Para compensar, la idea que se echó a correr es bajar la carga horaria semanal del régimen básico de los agentes de la administración central de 40 a 30 horas.
El combo demuestra el camino de gestión que comienza a transitar el Gobernador: más creatividad que recursos. El esquema no podría aplicarse a todos, porque el horario de policías o docenes es inelástico. Pero generaría ahorro en unos 60 mil salarios de la administración central, en la hipótesis de que escalase a propuesta formal y fuese aceptado.
Se trata de una iniciativa consistente el nuevo perfil político que Kicillof buscará asumir. “No hay que resistir, hay que hacer oposición” es su síntesis. ¿La diferencia? La primera opción consiste encabezar todos los reclamos contra las políticas de Milei. Y la segunda, en mostrarse más propositivo. Enfatizar la idea de que existe otra manera de hacer las cosas. El cambio operará porque en su equipo detectaron la comodidad con la cual el Presidente lo asumía como principal adversario. La “tasa Kicillof” los hizo reaccionar.
Para precisar el cambio: gobernador seguirá empujando reclamos sectoriales. Pero ya no asumirá el protagonismo tan seguido. Buscará que sean los representantes de farmacéuticos, pesqueros agencias de turismo los que hagan oír su voz. Otros actores del gobierno se sumarán. Este lunes, por caso, un ministro saldrá a la puerta de su despacho a hablar con los medios del inminente aumento de la tarifa del gas que autorizará Milei. Quizá comience a desplegar, entre las críticas al Presidente, la política que imaginan en La Plata para ese ítem caliente, con topes y restricciones que morigeren las subas. Es la parte “propositiva” del asunto.
No deja de ser el tránsito por un borde fino. El gobernador sabe que más temprano que tarde él también deberá autorizar incrementos de las tarifas electricidad, agua y, el que más pesa, transportes. Y no tiene mucho con qué amortiguarlos. Un dato: los aportes para bajar lo que los usuarios pagan por su movilidad en el AMBA no figuran en un ítem específico que le asigne destino, pero se pagaban con los fondos nacionales ahora caídos.
Mientras tanto, lejos, muy lejos de esas preocupaciones, en tertulias de intendentes del PJ con legisladores, comenzó a trazarse un plan para los próximos meses. Se trata de la adaptación a la novedad de la boleta única papel, frenada en la semana en el Congreso pero que, creen, terminará por imponerse a nivel nacional. La idea es que en esas condiciones la PBA deberá replicarla porque aquí vota el 40% del padrón. Lo interesante es que hay una cláusula oculta, la que verdaderamente importa: usar esa “reforma” para voltear la ley que pone freno a la reelección de intendentes, que de lo contrario se activará en 2027. (DIB) AL