La información poco clara y la utilización inadecuada de la objeción de conciencia, son algunas de las principales dificultades para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, según revela un informe, a pocos días de cumplirse dos años de la sanción de la ley, el 30 de diciembre de 2020.
Se trata de las conclusiones del reporte ‘Calidad: el desafío a dos años de la Ley de Aborto’ presentado por el proyecto Mirar, coordinado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, organización mundial de investigación y defensa que promueve la autonomía respecto a la salud sexual y reproductiva.
El proyecto monitorea el acceso a la interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo y reúne opiniones de personas proveedoras de servicios de salud, activistas y abogadas de todo el país, así como información oficial.
La ley 27.610 IVE/ILE “ayudó a generar una transformación cultural que liberó al aborto del estatus de lo clandestino, no solo por el hecho concreto de estar disponible legalmente sino en el discurso social y de los y las profesionales de la salud”, destacó Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del Cedes.
Sin embargo, “todavía se detectan servicios de salud en los que no se brinda información suficiente o no se hace de forma respetuosa, con escollos burocráticos o demoras”, identificó el informe.
El uso de tecnología riesgosa y obsoleta es uno de los obstáculos encontrados por las investigadoras, ya que “todavía se realizan legrados para terminar el procedimiento de aborto aunque no están recomendados, mientras que resta fortalecer la utilización de la aspiración manual endouterina como una opción recomendada para los abortos o el tratamiento con medicamentos”.
La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSyR) informó que en el primer semestre de 2022 se distribuyeron 38.229 tratamientos de misoprostol, el medicamento recomendado por la OMS para realizar abortos.
El Ministerio de Salud también incluyó el combipack, régimen combinado de los medicamentos mifepristona y misoprostol “que resulta seguro y eficaz”, resaltó el reporte.
“Que más personas accedan a la IVE ILE a través de procedimientos con estos medicamentos es muestra de una mejora en la calidad de la atención”, añadió.
En la Argentina hay dos laboratorios que producen misoprostol para abastecer al sistema de salud público: Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, que lo hace desde el 2019, y Productora Farmacéutica Rionegrina S.E., desde el 2021.
Recientemente se sumaron los Laboratorios Puntanos de San Luis y el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata. Y están en marcha procesos de producción de la mifepristona en laboratorios públicos.
Otro escollo identificado por el reporte de Cedes e Ibis fue que hay servicios de salud en los que la ruta de la atención es poco clara, y a veces se demandan más procedimientos de los que la ley plantea.
A esto se sumó que en distintos puntos del país se detectan objeciones de conciencia “no ajustadas a la ley”.
“Se trata de malas objeciones cotidianas, como por ejemplo, personal administrativo que obstaculiza o demora la recepción o la reserva de turnos”, se explicó en el reporte.
También hay zonas alejadas de las grandes ciudades donde quienes integran el equipo de salud se declaran objetores.
Si bien entre la sanción de la ley y septiembre de 2022, según datos oficiales, el número de instituciones públicas de salud que provee IVE e ILE aumentó un 58%, se observan “cuellos de botella para dar respuesta oportuna”, concluyó el informe.
También detectó “una falta de campañas de comunicación pública que podrían generar un aspecto positivo al ofrecer información y herramientas de decisión a quienes demandan la atención, y también una mayor red de contención para quienes ofrecen el servicio”, evaluó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Cedes.
La Línea 0800-222-3444 de Salud Sexual. Nacional, gratuita y confidencial. (DIB)