Luego de la apertura de la ronda de consultas realizada ayer en el Senado en el marco del debate de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el plenario de las Comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud del Senado recibió hoy a una veintena de especialistas de distintas áreas, que expusieron a través de una video conferencia, en dos tanda, y luego respondieron preguntas de los legisladores.
La constitucionalidad del proyecto de ley oficial en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción, la objeción de conciencia de los médicos que deban practicar abortos y la mortalidad de mujeres en situaciones de clandestinidad fueron los puntos puestos en discusión por los expositores.
Del primer bloque participaron Pablo Garat, Profesor de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la UCA; Ricardo Gil Lavedra, abogado e integrante del tribunal que en 1985 realizó el Juicio a las Juntas; Úrsula Cristina Basset, profesora titular en Derecho de Familia; Alejandro Osio, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Pampa, Especialista en Derechos Humanos; María Cristina Álvarez Traviesa, Magister en Ciencias Políticas, especialista en Políticas Públicas para la infancia; Gala Diaz Langou, directora de Protección Social en Cippec; María Elena Critto, Socióloga; Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; Alberto Bianchi, abogado penalista, y Luciana Sánchez, abogada penalista y fundadora de la línea “Más información menos riesgos” iniciativa del grupo “Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto”.
Pablo Garat, consideró que el proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados, “tiene que pasar el test de constitucionalidad”, ya que según su criterio “todo nuestro orden constitucional se apoya en el interés del niño, que aparece ausente en los debates”. En esa línea, señaló que Argentina aún “debe aclarar” su posición respecto a si “se es niño desde la concepción”.
Ricardo Gil Lavedra declaró que “no hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto”, y sostuvo que quienes se oponen a la práctica “personifican u humanizan al proyecto de vida”. Además, el exministro de Justicia remarcó que “el embrión no es una persona ya nacida” y “el derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer”.
Por su parte, Ursula Basset, especialista en derecho de familia, afirmó que “nuestra Constitución protege la vida desde la concepción”, señaló que el Estado “debe ofrecer opciones” a la mujer gestante que no desee la maternidad, como la adopción, y consideró que este proyecto “da derecho a abortar pero no a decidir”. La abogada añadió: “Lo peor de todo son las discriminaciones invisibles. No está regulado pensando en las mujeres y se criminaliza a los médicos en desacuerdo con la práctica”.
Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional, aseguró que “no hay ningún tipo de incompatibilidad” entre el proyecto de ley en discusión y la Convención sobre los Derechos del Niño” sino que “por el contrario, con esta iniciativa se está honrando el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes”.
En tanto, Alberto Bianchi, doctor en derecho de UBA, sostuvo que la ley se contrapone en el orden constitucional y con el Código Civil y Comercial, que entienden que hay vida humana desde el momento de la concepción y cuestionó que la ley “pase de despenalizar a la mujer que aborta a penalizar a los médicos que se oponen”.
Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, hizo hincapié en el hecho de que la penalización del aborto conlleva “maltratos y discriminación”. Luciana Sánchez, abogada penalista, se refirió a la cantidad de mujeres de bajos recursos en peligro por no poder acceder al misoprostol, el medicamento utilizado para la interrupción del embarazo y Gala Díaz Langou, directora de protección social de Cippec, consideró que la iniciativa “puede saldar una deuda y, a la vez, contribuir al desarrollo con equidad” y advirtió que “la criminalización repercute sobre las trayectorias vitales de las personas y afecta a las mujeres más pobres”.
María Elena Critto indicó que “solo el 44% de las maternidades públicas cumplen con las condiciones obstétricas esenciales para asegurar la salud de la mujer. Las consecuencias del aborto no refieren a la clandestinidad, sino a un sistema de salud que da una respuesta deficiente”.
El plenario puede seguirse a través del canal de YouTube del Senado. La primera etapa de la jornada de hoy, puede verse completa en este enlace:
Segunda tanda
Durante la tarde disertaron Edgardo Young, especialista en fertilización asistida; Aida Kemelmajer de Carlucci, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba; Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista; Melisa García, abogada feminista; Débora Rainieri, abogada e investigadora de UCA y UBA; Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva de ELA; María Inés Franck, licenciada en Ciencias Políticas y abogada, miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia; Marta Lamas Encabo, antropóloga y catedrática del Instituto tecnológico autónomo de México (ITAM); Santiago Alfonso, doctor de derecho y abogado por la UBA, y Susana Chiarotti, abogada argentina de prolongada trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Las disertaciones giraron en torno a los mismos puntos que en la primera tanda de presentaciones: constitucionalidad del proyecto, accionar ético médico y clandestinidad.
Edgardo Young precisó que “la vida humana para mí empieza en el proceso de la fertilización y cuando empieza la multiplicación celular, se va desarrollando un nuevo ser. No es persona todavía pero sí es una persona en potencia y debe tener el mismo valor que una en desarrollo”.
Por su parte, Aída Kemelmajer de Carlucci remarcó que “hay una norma que dice que la vida se protege desde la concepción pero además de esa norma, otras y otros principios jurídicos sostienen el derecho de toda persona a no ser instrumentalizada al llevar adelante su propio proyecto de vida”.
En otro orden, Melisa García indicó que “suponer que las mujeres y las personas gestantes frente a la legalización del aborto saldrían corriendo a realizar esta práctica es nuevamente estigmatizarlas y perder de vista que el debate ronda en la existencia del aborto y la problemática de la clandestinidad”.
Natalia Gherardi apuntó que “la aprobación de este proyecto permitirá está transformación del sistema de regulación actual dando mayor libertad a las mujeres de tomar sus decisiones con confianza en que el sistema de salud está allí y que sabrá recibirnos, que seremos atendidas”.
Asimismo, Marta Lamas Encabo, señaló que en México, su país, “la idea de que las mujeres son unas irresponsables, que abortan de manera frívola empezó a irse para abajo ya que la mayoría de las mujeres que iban a solicitar una ILE lo hacían entre la semana 8 y la 10 que es cuando puede ser por medicamento”.
Por otra parte, Santiago Alfonso puntualizó que “el proyecto para legalizar el aborto es gravemente inconstitucional y debe ser rechazado” y añadió que “de todos los argumentos, me voy a centrar solo en uno de ellos: el desconocimiento de la igual e inviolable dignidad de la persona humana”. En esa línea, abundó: “Se es persona o no se es persona y, desde ese punto de vista, nuestro sistema constitucional, tanto a nivel de la Constitución Nacional como de las convenciones, dice que todo ser humano es persona y para nosotros el comienzo de esa persona es desde la concepción”.
La segunda parte del debate de hoy, con las preguntas de los legisladores, puede verse completa en el siguiente enlace:
(DIB) AR