Un grupo de transportistas escolares mantiene “sitiada” la Gobernación bonaerense desde el viernes pasado, en el marco de un reclamo por la falta de actividad en el sector y para pedir una serie de medidas de reactivación.
Los choferes, nucleados en la Cámara de Servicios Provinciales Especializados de Transporte de Pasajeros, aseguran que a raíz del cierre de las escuelas están paralizados completamente desde el 13 de marzo, antes del comienzo de la cuarentena, y que son de los pocos que no volvió ni siquiera parcialmente a la actividad.
La protesta generó una inusual parálisis en las calles aledañas a la Gobernación, que fueron literalmente bloqueadas por los micros naranjas y continúan así desde el viernes pasado.
En ese marco, el titular de la Cámara, Roberto Zagame, aseguró que decidieron realizar la propuesta ante la “falta de respuestas” del Gobierno, y explicó que entregaron una carta dirigida al gobernador Axel Kicillof con una serie de reclamos, entre los que se cuenta la posibilidad de ser autorizados para transportar a empleados de empresas privadas, que no pueden utilizar colectivos o trenes.
En la misiva señalaron que las medidas de aislamiento “nos dejaron sin ingresos durante 2020 y profundizaron la agobiante situación económica que padecíamos desde el fin del ciclo lectivo 2019”.
Además, aseguraron que los empresarios del sector no pudieron acceder a los diferentes beneficios del Estado, como los créditos a tasa 0, el pago del ATP para los sueldos de los empleados, etc. También indicaron que, aún cuando se reestablezca la actividad se verán obligados a transportar al 60% de su capacidad, debido a las medidas de distanciamiento imperantes.
Entre los pedidos, la cámara solicitó la declaración del “estado de emergencia para el transporte escolar”, la conformación de un plan de contingencia para 2020/2021, la suspensión provisoria de las normas que exigen un estado máximo de antigüedad de los vehículos para desarrollar la tarea (motivo de varias protestas contra el Gobierno de María Eugenia Vidal), y la suspensión del pago de patentes para el sector. (DIB)