Un sector de los gremios y de las organizaciones sociales le llevaron al presidente Alberto Fernández un plan propio para reactivar la economía en la post pandemia, cuyo punto más saliente es la creación de 4 millones de puestos de “trabajo social”, garantizado por el Estado.
La propuesta fue elaborada por el el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderado por Juan Grabois, en compañía con gremialistas como Gerardo Martínez (UOCRA), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento).
Según afirmaron, con una inversión inicial anual de 750 mil millones de pesos “crearíamos 170.000 empleos registrados y 4 millones de puestos de trabajo social, generando un impacto de la actividad económica de 865.000 millones de pesos, lo cual redundaría en mayor recaudación fiscal”.
Para este momento, la propuesta de trabajo social es de un salario de 10 mil pesos por trabajos con una carga mínima de 60 horas mensuales.
El programa, bautizado como “Plan San Martín”, incluye medidas como la realización de obras públicas, la urbanización de barrios, la creación de colonias agrarias, el desarrollo de polos textiles, de cooperativas de recicladores y de circuitos de cuidado.
Respecto del empleo formal, la clave es la realización de obra pública (Uocra), y desarrollo del transporte de cargas (Camioneros y la Unión Ferroviaria).
El programa menciona que con cada puesto de trabajo en la construcción se crean tres empleos en la economía formal, porque se activan otras actividades como la siderurgia, madera, la industria química, mecánica y de productos de electricidad.
Junto con el salario social, propone reconocer a los inscriptos en el Registro de Trabajadores de la Economía Popular otros derechos laborales como obra social, Aseguradora de Riesgos de Trabajo, aportes jubilatorios y el derecho a sindicalizarse.
Para su financiamiento, plantea que una parte de la inversión ya está cubierta por programas existentes, como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentaria, que totalizan 128 mil millones pesos anuales (sobre un total a invertir de 750 mil millones).
El programa sostiene que el 36 por ciento de ese monto tiene un reingreso o recupero fiscal. Para el resto propone una serie de reformas impositivas y “un esfuerzo fiscal adicional del Estado nacional”. (DIB)