El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 ordenó la excarcelación de Lázaro Báez en la causa que lo tiene como el principal acusado por lavado de dinero, pero le fijó una caución de $ 632 millones, por lo que su defensa pidió otra que sea “acorde a la realidad material” del empresario. De todos modos, aunque acceda al beneficio, no quedará en libertad sino con prisión preventiva domiciliaria en el marco de otro expediente.
La resolución fue adoptada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara un fallo anterior en el que se le había rechazado al empresario el beneficio de la excarcelación y el de la prisión domiciliaria solicitado por su defensa.
Con esta revisión, los integrantes del TOF 4 se vieron obligados a tomar otra determinación, pero para otorgarle la libertad exigieron una caución de más de $ 632 millones, algo que sus abogados calificaron como “exorbitante y de imposible cumplimiento”, por lo que reclamaron que se le fije otra acorde a “la realidad material” del imputado, ya que recordaron que se encuentra embargado e inhibido.
De todos modos, aunque logre la libertad, Báez deberá cumplir el arresto domiciliario ordenado el 18 de marzo en otra causa.
Los jueces dispusieron, además, que Báez deberá someterse al cuidado del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico de GPS, con un radio de 100 kilómetros a la redonda del lugar de residencia informado.
En el mismo fallo los magistrados le impusieron la obligación de presentarse al tribunal cada 15 días y la retención de su pasaporte e interdicción de expedir nuevos a su nombre, más la prohibición de salida del país.
Báez está detenido desde el 6 de abril de 2016 y su defensa argumentó para lograr la excarcelación que es paciente de riesgo ante el coronavirus, ya que tiene 64 años, enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes tipo 2.
Además, denunciaron que el empresario pudo ver “vulnerado su derecho a la defensa” al ser posible víctima de hechos de espionaje ilegal que se investigan en la justicia federal de Lomas de Zamora y que podrían significar “graves violaciones a los derechos humanos” del detenido. (DIB)