La dirección de Asuntos Internos de la policía Bonaerense, un organismo de investigación interno cuya misión es controlar que los miembros de esa fuerza de seguridad no incurran en delitos, habría espiado en forma ilegal a intendentes, jueces, fiscales, empresas privadas, cámaras Legislativas y hasta a intendencias del interior bonaerense, durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora.
Eso se desprende del auto de procesamiento del exdirector de Asuntos Internos, Guillermo Berra, dictado ayer por la fiscal de la UFI 5 de La Plata Cecilia Corfield, junto con su llamado a indagatoria, previsto para el 29 de este mes. Junto con Berra fue procesado su pareja, María del Rosario Sardiña, que en su momento tenía a su cargo la Auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales de la policía.
Corfield sospecha que Berra y Sardiña realizaron por sí mismo u ordenaron a terceros tareas de investigación por fuera de las que están autorizados a hacer sobre la actividad de la policía. Los intendentes de José C. Paz, La Matanza y Berazategui, Mario Ishii, Fernando Espinoza –entonces diputado nacional- y Juan Patricio Mussi habrían sido algunos de sus blancos, según se indica en el auto de procesamiento que firmó Corfield.
También habrán quedado en la mira del presunto espionaje ilegal las municipalidades de Tres Arroyos –comandada por Carlos Sánchez, un vecinalista cercano a Cambiemos- y de Lincoln –a cargo del radical Salvador Serenal-, el exjuez César Melazo, destituido y encarcelado por integrar una banda de comisarios dedicados al robo y la fiscal Silvina Langone, que investigó la triple fuga del penal de General Alvear.
La lista que se reveló por estas horas es extensa: abarca a más de 100 objetivos. Contra ellos se habrían librado órdenes de servicio para que se realicen “tareas encubiertas y averiguaciones discretas, en horarios discontinuos”, lo que implicaba que se realicen sobre ellos determinación del domicilio y posterior “vigilancias, como entradas y salidas de personas al domicilio, vehículos asiduos en el lugar”.
Tras conocerse el contenido del auto de procesamiento, la diputada del Frente de Todos Susana González consideró que la trama investigada por Corfield “deja expuesta la existencia de una red de inteligencia que por lo menos comprendería al actual procurador Julio Conte Grand y la ex Gobernadora” Vidal, por lo que presentó un proyecto de declaración de repudio.
La causa por el espionaje ilegal comenzó con una denuncia presentada por Néstor Martin, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la Policía bonaerense, quien acusó a Berra y a Sardiña de abuso de autoridad por obtener información de él y su grupo familiar, “mediante inteligencia y sin intervención judicial”.
Martín había sido expulsado de la fuerza porque su declaración jurada no coincidía con sus ingresos: constaba que tenía 7 propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, con un sueldo mensual de 48.000 pesos. En octubre pasado hubo un allanamiento a Asuntos Internos en el que se secuestró documentación y archivos informáticos que sustentan el llamado a indagatoria de Corfield.
La fiscal también acusa a Berra y Sardiña de usar vehículos oficiales para las investigaciones prohibidas y también de beneficiarse del acceso oficial a servicios de bases de datos comerciales, como las que brinda la empresa Nosis y de la Dirección Nacional de Migraciones. (DIB) AL