La Justicia comenzó a investigar la licitación de alimentos con precios superiores a los máximos impuestos por el Gobierno, un proceso que se suspendió luego del escándalo generado y le valió el puesto a 15 funcionarios del ministerio de Desarrollo Social.
La investigación fue abierta por el fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encargada de las irregularidades cometidas en la gestión del Estado.
Según se indicó, Rodríguez inició un expediente para evaluar, en principio, el grado de “verosimilitud de lo denunciado”. Para ello se ordenó una serie de medidas que incluyen informes sobre las empresas implicadas hasta sumarios administrativos que se hayan iniciado desde el Estado a los responsables.
Por su parte, Silvina Martínez, dirigente del GEN y abogada de Margarita Stolbizer en las denuncias que realizó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, denunció los posibles delitos de “malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública”.
La polémica
El escándalo se desató este lunes, cuando se publicó en el Boletín Oficial varias resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social, en las que se informaba sobre la compra de fideos, aceite y azúcar destinadas a comedores, para reforzar la ayuda social en los sectores más vulnerables ante la emergencia por el avance del coronavirus.
Según se constató, los precios eran hasta un 62% superiores a los valores máximos estipulados por el Gobierno nacional para los comercios minoristas.
Tras ello, desde la cartera que conduce Daniel Arroyo ordenaron el desplazamiento del secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, y de otros 14 funcionarios del área, que había sido la responsable de llevar adelante las compras.
En tanto, las licitaciones fueron revocadas, y se anunció un nuevo llamado para adquirir estos productos. Además, se estableció que el Estado “no podrá en ningún caso abonar montos superiores a los precios máximos” fijados por la Secretaría de Comercio Interior en los procesos de compra que se realicen para atender la emergencia sanitaria por coronavirus. (DIB)