A pocos días de que el Presidente anuncie las condiciones de la fase III del confinamiento destinado a contener la pandemia , el directorio del country “El Barranco”, ubicado en el kilómetro 38,5 ramal Pilar, informó a sus habitantes que se había detectado “el incumplimiento por parte de algunos socios del aislamiento social preventivo obligatorio al efectuar actividades prohibidas tales como caminatas, paseos de mascotas, actividades físicas, circular en bicicleta, salidas no debidamente justificadas, etc.”
Por eso, a quienes incumplan con el aislamiento aplicarán “una multa de $15.000 ante el primer incumplimiento, y de $30.000 en caso de verificarse una segunda infracción a dicha restricción; más allá de las denuncias a las Autoridades Nacionales de las que sean pasibles”.
En la argumentación a la aplicación de esa multa, se detalló que el incumplimiento del aislamiento “no sólo un delito, sino también una muy reprochable falta de ética”, indicó el diario Perfil.
Certificado de dudosas recomendaciones
La comunicación a los socios se generó porque una de sus habitantes -propietaria de un lote propio de mil metros cuadrados aproximadamente- realizó caminatas fuera del perímetro de su propiedad.
Ante el llamado de atención de su inconducta, es decir de que estaba fuera de su propiedad y de que no tenía un justificativo que lo ameritara, la propietaria esgrimió un certificado médico firmado por una familiar directo que informa que por su estado debe realizar “caminatas diarias con los recaudos posibles dada la pandemia del COVID19”.
Esa familiaridad médico-paciente generó dudas y se le advirtió nuevamente de su inconducta y de la multa. Y se pidió a los vecinos que colaboren para que todos cumplan con la obligatoriedad del aislamiento, agregó el matutino.
“Caza de brujas”
Ante esa situación la respuesta de dicha mujer y de su familia al Directorio fue que pedir que dada la reclusión indeseada “no iniciaran una caza de brujas” y que la “escapada nocturna” que el grupo familiar hizo fue de noche para no importunar al resto de los socios.
Además, planteó que se tuviera en cuenta -no como justificativo- la existencia de menores “que no entienden por qué deben estar recluidos”. Por supuesto, se pidió desestimar la multa para evitar una escalada de conflictos. (DIB)