La Plata, ene 22 (DIB).- La resolución 246 del Ministerio de
Agroindustria bonaerense, que determina pautas para el uso de agroquímicos,
cosechó nuevos rechazos en distintos municipios y ONG´s que advirtieron que se
trata de una medida de carácter general, sin parámetros concretos para
establecer distancias de aplicación.
Si bien la resolución no es obligatoria, invita a los distritos
a adherirse ante la inexistencia de una ley que regule el uso de los
agroquímicos, y cuando al menos unos 70 distritos cuentan con ordenanzas que
establecen diferentes criterios al respecto. Pero la falta de distancias de
aplicación establecidas despertó las críticas, debido a que algunas normativas
locales son consideradas “más exigentes” que la de la Provincia.
Concejales de Chivilcoy, a partir del pedido de docentes de
escuelas rurales y en línea con los reclamos de la Red Federal de Docentes por
la vida, presentaron ayer un amparo judicial para frenar la resolución con el
patrocinio de la abogada Florencia Casamiquela.
Mientras que hoy presentarán en el Concejo Deliberante un
proyecto de ordenanza que regule en todo el partido de Chivilcoy el uso
indiscriminado de los agroquímicos.
En los últimos días, unas 300 organizaciones sociales,
educativas y de derechos humanos emitieron un duro comunicado en el que se
oponen con firmeza a la norma, al señalar que “debilita el ya débil control del
Estado, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y
los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos, la decisión de con qué
y cómo fumigar”.
Ante los cuestionamientos, el ministro de Agroindustria,
Leonardo Sarquís, defendió la iniciativa, dijo que se trata de una herramienta
puesta a disposición de los municipios y destacó que busca “acompañar, ayudar a
controlar y poner un orden a las resoluciones que ya existen con respecto al uso
de los fitosanitarios”.
“Los municipios nos pedían que hagamos algo en relación a este
tema”, sostuvo Sarquís. Y agregó: “Nosotros sabemos que hay proyectos en la
legislatura que pueden avanzar o no, el tema es que hacemos mientras eso pasa”.
Entre las principales críticas a la resolución, que entró en
vigencia el 1º de enero, figura que el uso de fitosanitarios queda a criterio de
“las buenas prácticas” de los productores, más allá de que esboza algunas zonas
de amortiguamiento tales “como lotes en áreas urbanas, zona residencial
extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos
de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento;
y reservas naturales”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos de acuerdo a
la resolución 246-MAGP-18 es el horario escolar”, advirtieron las ONG, que
calificaron la norma como “regresiva”.
La medida ya había sido cuestionada por diputados de Unidad
Ciudadana a principios de este mes, quienes pidieron al Ejecutivo que la deje
sin efecto porque la misma no establece “presupuestos mínimos de distancia
o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud
humana”.
Mientras tanto, la preocupación crece sobre todo en
comunidades rurales. Por ejemplo, en Cascallares, una pequeña localidad del
partido de Tres Arroyos, los vecinos hicieron público su descontento con una
serie de imágenes sobre la fumigación que se está aplicando en un lote próximo
a un barrio del Plan Federal de viviendas, plantearon sus temores y reclamaron
más controles.
Cabe señalar que el jefe comunal tresarroyense no firmó el
apoyo a la resolución de Agroindustria, a la que sí adhirieron unas 40 comunas
durante un acto celebrado en diciembre en La Plata. Desde ese municipio
señalaron que debían “analizarlo bien”, mientras que crece la polémica en los
distritos firmantes frente a los planteos de vecinos y de dirigentes de la
oposición. (DIB) MCH
