La Plata, nov 25 (DIB).- La
Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un diagnóstico sobre cómo se aplican
las políticas públicas en relación a la lucha contra la violencia de género en
la provincia y pidió que se implemente efectivamente la ley de Educación Sexual
Integral (ESI).
“La implementación de
políticas públicas integrales en materia de violencia de género es una deuda
pendiente en Argentina. El Estado debe definir y ejecutar acciones concretas
que promuevan la autonomía económica de las mujeres, el acceso al empleo, a la
tierra y a la vivienda que puedan garantizar una vida libre de violencias”,
sostuvo el titular de la Defensoría, Guido Lorenzino, en el marco del Día
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
Desde el organismo,
señalaron que estas conclusiones se desprenden del documento “Violencia de
género: un análisis sobre el abordaje de las políticas públicas en la provincia
de Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de
la Defensoría, un estudio que apuntó a trazar un diagnóstico del alcance de las
políticas oficiales relacionadas a esta temática.
El trabajo también puso el
foco en la necesidad de crear programas de atención integral para las víctimas
de violencias que tengan en cuenta las instancias de conciliación entre las
tareas de cuidado y el trabajo de las mujeres; el diseño de programas de
protección de testigos; llevar adelante políticas reparatorias en los casos de
violencias hacia las mujeres y personas trans; y la puesta en vigencia de la
ley de cupo laboral para personas trans y travestis en la Provincia.
“Estas deudas en materia
de derechos humanos de las mujeres y personas trans y travestis se agravaron en
el último tiempo con el deterioro y desmantelamiento de programas
gubernamentales, como así también con la reestructuración y reducción de las
áreas y organismos dedicados a la problemática en los distintos niveles del
Estado”, precisó Lorenzino.
Ante este panorama, la
Defensoría consideró como prioritario la implementación la ley de Educación
Sexual Integral (ESI) en el territorio provincial, ya que su aplicación es
clave en la promoción de contextos no violentos al promover prácticas
educativas libres de discriminación por motivos de orientación sexual o
identidad de género.
Desde el OVG, a su vez,
explicaron que la articulación e integralidad de las políticas públicas
permitiría interpelar el actual abordaje de la violencia de género que reduce
la superación de las relaciones de violencia a estrategias individuales y a la
atención de la emergencia. (DIB) MT
