La Plata, oct 8 (DIB).- El fiscal Guillermo Marijuan
denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por el supuesto
delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario
público, a raíz de la compensación por la devaluación del peso a las
compañías distribuidoras de gas que va a generar una fuerte suba en las
boletas del servicio.
“He decidido hacer una denuncia con la resolución
número 20/2018, que establece un aumento en la tarifa del gas retroactiva,
porque trata de compensar a las empresas distribuidoras por el período de abril
a septiembre por el aumento del dólar”, afirmó Marijuan. Además, sostuvo
que los usuarios “ya han hecho pagos” respecto de esos períodos y
detalló que “uno de los efectos del pago es la cancelación
total”.
“No se puede en modo alguno quitarle esa entidad
jurídica que tiene justamente el acto jurídico -valga la redundancia- del
pago”, agregó a radio la Red. En su denuncia, pide también una cautelar
para frenar el incremento hasta tanto se resuelva el planteo de fondo.
El viernes, el Gobierno dispuso a través de una resolución
que las distribuidoras de gas cobren un monto extra a los usuarios
para compensar a las productoras por las diferencias generadas por la suba del
dólar entre abril y septiembre. El nuevo cargo comenzará a regir desde el 1° de
enero y se abonará en 24 cuotas. La medida se suma al incremento en ese
servicio de entre el 30% y el 35% que comenzó a regir el lunes pasado y generó
fuertes críticas.
Mediante la resolución 20/2018, publicada en el Boletín
Oficial, la Secretaría de Energía decidió habilitar “en forma transitoria
y extraordinaria” un mecanismo de “recupero de las diferencias
diarias acumuladas entre el precio previsto en los contratos y el reconocido en
las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución” desde
el 1° de abril y hasta el 30 de septiembre.
Marijuan, quien actuó de oficio luego de la resolución de la
secretaría de Energía, dijo que será materia de discusión judicial si
el abuso de autoridad e incumplimiento de deberes “es la calificación
que corresponde”. “El Código Penal, en el artículo 248,
prohíbe justamente dictar resoluciones contrarias a la ley. Y, como
decía, el efecto jurídico del pago es la ley misma, porque está
establecido así en el Código Civil”, expresó.
El fiscal adelantó que la denuncia será sorteada entre los
jueces federales de Cámara, y que la jueza Servini será por el momento la
encargada de estudiar el tema. (DIB) FD
