La
Plata, oct 3 (DIB/AMPLIACI??N).- El fiscal platense Marcelo Romero imputó hoy al
titular de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, y al secretario general del gremio
en Ensenada, Francisco Banegas, por la toma del ministerio de Economía
provincial concretada en el marco del conflicto del Astillero Río Santiago.
La
protesta en cuestión tuvo lugar el pasado 18 de septiembre, cuando los
operarios del Astillero tomaron la dependencia bonaerense y estuvieron a punto
de pasar la noche en la misma. La manifestación se levantó luego de una serie
de negociaciones en las que intervino la Pastoral Social del Arzobispado de La
Plata.
En
el expediente, al que tuvo acceso DIB, se considera que De Isasi y Banegas abusaron “de los atributos que la representación conferida por las bases le
otorgaron” e intentaron “coaccionar” al ministro de Economía, Hernán Lacunza,
para la concreción de una reunión “que había sido previamente concertada y
programada”.
Romero
entiende que los dirigentes de ATE incitaron a sus representados,
aprovechándose de una “acuciante situación” y de la “angustia” por la misma,
para que “ocupen violentamente las instalaciones de la cartera” donde
provocaron “daños de distinto tipo contra el patrimonio público” e impidiendo a
funcionarios y personal jerárquicos la posibilidad de “ejercer los actos
propios de sus cargos”.
Entre
las pruebas, el fiscal advierte que existen las actas de procedimiento, el
material fotográfico y varias declaraciones, entre las que se destaca la de
Lacunza.
La
acusación es la de “coacción agravada por la calidad de miembro de los poderes
públicos del sujeto pasivo en grado de tentativa, incitación a la violencia y
atentado contra la autoridad en concurso real”.
Romero,
considera que existen “bastantes” motivos para señalar a De Isasi y Banegas
como los responsables de los ilícitos, y afirma que “si bien ante cada
necesidad hay un derecho ?el mismo- en un sistema respetuoso de las reglas
republicanas y democráticas, tiene que ser ejercido regularmente”. En este
sentido, asegura que “no se trata de desconocer el derecho de reunión, petición
y protesta”. (DIB) MT
