La Plata, abr 27 (DIB).- La gobernadora de la provincia de
Buenos Aires, María Eugenia Vidal, promulgó hoy la ley que obliga a instalar
cámaras en cada uno de los 9.000 colectivos que trabajan en el territorio
bonaerense y que prevé sanciones para quienes no cumplan con la disposición.
El decreto 342/18, publicado hoy en el Boletín Oficial, reglamenta
el “establecimiento y regulación de las cámaras de seguridad en las unidades de
transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal que
presten servicios dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires”.
A su vez, designa como autoridad de aplicación al Ministerio
de Infraestructura y Servicios Públicos y al Ministerio de Seguridad, que entre
varias funciones deberán “supervisar y controlar el correcto funcionamiento del
equipamiento a bordo de las unidades de transporte público y graduar la
aplicación de sanciones”.
La ley 14.897 que obliga a las empresas de transporte de
pasajeros a instalar una cámara en cada unidad data de finales de 2016, y
otorgaba 180 días para cumplimentar la medida. Sin embargo, pasado casi un año,
pocas empresas cumplen el requerimiento, y en una ciudad como La Plata, se
estima que algo más del 20% lo hace. Consultado tras el asesinato de Leandro
Miguel Alcaraz, colectivero de la línea 620 en la matanza a mediados de
abril, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo aseguró que esto se debió a
“un problema de financiamiento que tenían las cámaras empresarias”.
De acuerdo al Boletín Oficial, la gobernadora además asigna
a la cartera de Seguridad, la responsabilidad de asesorar acerca de las
“características técnicas de las cámaras y dispositivos de captación de
imágenes” y de precisar la cantidad de equipos y su ubicación en cada
unidad de transporte”.
El decreto publicado contempla “modificar los plazos fijados
para la conservación de las grabaciones” en caso de que sea necesario y el
armado de un Protocolo de Actuación para utilizar ante requerimiento de la
autoridad pública y/o judicial, además de estipular el tratamiento forense de
las imágenes preservadas.
La norma plantea dos etapas para llevar a cabo las
modificaciones: una de 90 días para que las empresas completen la readaptación
de las unidades de transporte afectadas al servicio nocturno, y otra también de
tres meses para que lo extiendan a todas los colectivos de la provincia.
La tecnología más ampliamente usada para vigilancia en
medios de transporte incluye aparatos del tipo “domo”, que registran todo lo
que ocurre dentro y en derredor de cada uno de los coches. En los micros de
tres puertas, que en horas pico pueden llevar unos 70 u 80 pasajeros, se
instalan tres o cuatro, con un costo de unos 50 mielo pesos cada uno. (DIB) FD
