La Plata, abr 3 (DIB).- La asociación civil Centro de
Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) presentó
ante la Justicia un amparo para postergar hasta mayo el fuerte aumento en la
tarifa de gas que rige desde el 1° de abril, un mes antes de lo que indica la
normativa.
Desde el Cepis solicitaron a la Justicia que frene “el nuevo
tarifazo de gas porque se trata de un aumento inconstitucional”, y el amparo cayó
en el Juzgado Federal Nº 2 de La Plata a
cargo del juez Adolfo Gabino Ziulu. “Interpusimos un amparo contra el ministerio
de Energía y Minería de la Nación y el Ente Nacional Regulador de la Energía
(ENRE) porque anticiparon un mes la aplicación del aumento del 40 por ciento en
la tarifa de gas natural por redes: la normativa vigente establece que el nuevo
cuadro tarifario recién se puede aplicar a partir del 1° de mayo de 2018. De
modo tal que si se aplicara desde el 1° de abril afectaría los derechos
constitucionales de los ciudadanos”, indicó la entidad.
La semana pasada, el ministro de Energía, Juan José Aranguren,
anunció que desde el 1° de abril, las facturas de gas vendrán con un
incremento promedio de 32%, aunque en las categorías más bajas, las subas
llegarán hasta el 40% (igual que para las Pymes). Así lo anunció el funcionario
nacional, quien precisó además que el precio oficial de la garrafa de gas
aumentará 16,75% a partir del último domingo y el tubo de 10 kilos, que costaba
$ 185, pasará a $ 216.
El titular del Cepis, Mariano Lovelli, reclamó en la
presentación ante la Justicia que “se ordene al Enargas que proceda a aplicar
los nuevos cuadros tarifarios a partir del mes de mayo del corriente año, hasta
tanto se dicte sentencia de fondo en los presentes obrados”. En declaraciones a Radio
10, el abogado calificó de “arbitraria” la decisión de Aranguren de adelantar
las subas y remarcó que “no hay motivo para que estos señores adelanten el
saqueo al bolsillo de la gente”.
Para el Cepis, el aumento adelantado “carece de todo tipo de
legalidad” y “conculca de manera clara, concreta y evidente el patrimonio de
los usuarios del servicio de gas naturales”. Afecta los derechos
constitucionales a la propiedad y es un aumento “confiscatorio y atentatorio
contra los principios de razonabilidad y legalidad”.
El Cepis es la misma organización no gubernamental que en
2016 demandó al Estado con el argumento de que las nuevas tarifas no eran
razonables y violaban la obligación de realizar previamente audiencias
públicas. La Corte Suprema terminó dándole la razón y frenó ese incremento de
gas. También hizo una presentación similar el año pasado, cuando hubo dos
incrementos de las tarifas. (DIB) FD
