Por Andrés Lavaselli
Axel Kicillof mantiene con Javier Milei lo que podría llamarse una “guerra de las legitimidades” – programas de gobierno contrapuestos e igualmente legitimados por las urnas- que traslada la disputa al plano del ejercicio de poder real, donde esta semana aparecieron datos de máxima relevancia, algunos públicos como el acompañamiento del Gobernador al paro de la CGT y otro menos expuestos, como el recorte de fondos no automáticos a la provincia que alcanzó niveles récords, no registrados jamás hasta ahora.
Unos de los movimientos novedosos de las últimas horas es la pelea abierta que Milei decidió dar contra los gobernadores de la oposición dialoguista que se niegan a dar el OK para que los legisladores que le responder avancen con el aumento de las retenciones y el ajuste a las jubilaciones, entre otro puntos de la Ley Ómnibus. Es una pelea que incluyó el estallido del presidente en la reunión de Gabinete de jueves, cuando dijo que iba a “fundir” a los gobernadores, frase que él mismo confirmó al echar a Guillermo Ferraro por filtrarla.
Es difícil que a Milei le alcance la excusa de la sinéqdoque para justificarse: los gobernadores no son sus provincias, no puede tomarse la parte por el todo en esa expresión porque así se omite que los que pagan las consecuencias de las guerras políticas son los ciudadanos. Pero más allá de la retórica, la pelea contra los mandatarios es doblemente riesgosa para el presidente: complica el tratamiento de la Ley que tanto quiere tener y genera posiciones ultramontanas, como la del vice neuquino, Pedro Pesatti, que amenazó con cortar el abastecimiento de petróleo y gas a la Nación.
Para Kicillof podría ser una buena noticia. Su batalla contra Milei queda enmarcada ahora en una guerra mayor: la que libra el presidente con Pullaro (Santa Fe), Frigerio (Entre Ríos) y, Llaryora (Córdoba), entre otros. Todos ellos, como contó DIB hace una semana, mantienen muchos más contactos con el gobernador bonaerense de lo que reconocen en público. Una disputa con la Casa Rosada aceita, en principio, esos contactos. O en todo caso, funciona como un aliciente para acercar posiciones.
Kicillof estuvo en la calle para respaldar el paro de la CGT. Eso es una movida de la que están lejos los mandatarios de la oposición dialoguista. Pero Kicillof no piensa “pintarse la cara”: entrará y saldrá de los conflictos, los elegirá en la medida que pueda. No quiere quedar fijado en el lugar que elija para él el presidente, y tal vez tema el desgaste implícito en la idea de liderar posiciones de choque irreductible demasiado rápido. Doble motivo para asumir un perfil que sobre el fin de semana parecía menos confrontativo que el de sus pares de la zona núcleo.
Hay un punto en el que todos parecen igualados, aunque Buenos Aires se lleve la peor parte: la caída, casi a cero, de los fondos no automáticos que envía Nación a las provincias. Los datos, que se conocieron hace 24 horas, marcan que a Buenos Aires llegaron apenas 14 millones de pesos en lo que va de enero. Una merma del orden del 500% respecto del año pasado, que en términos relativos le pegó más al gobierno de Kicillof pero que une a todos en la desgracia: la variación total fue de 30 mil millones en enero de 2023 a 60 este año. No vale la pena hacer diferencias.
En las últimas, febriles horas, se tomó una decisión que no se comunicará pero vale la pena rescatar. Kicillof, internamente, le bajó el pulgar a la posibilidad de emitir moneda para hacer frente al recorte. En provincia afirman que Buenos Aires haría algo distinto a La Rioja, donde Ricardo Quintela avanzó con algo que se parece más a un bono que después alguien tendrá que pagar, o defaultear. Acá están seguros que los “pactos preexistentes” de la Constitución habilitan a Buenos Aires a crear moneda real, como el peso. Solo que no lo creen conveniente porque enfrentaría una presión devaluatoria doble, contra la moneda nacional y contra el dólar.
En el fondo, el Presidente y los gobernadores están disputando un conflicto de fondo: todos fueron legitimados en las urnas para llevar adelantes programas contrapuestos. Ese es el desafío que, queriéndolo o no, impuso el voto popular a la política loca. Un relevamiento que hizo la consultora Ad Hoc sobre los resultados electorales por distrito, en las generales y el balotaje, da cuenta de eso. Nadie puede apelar a la legitimidad de origen para imponer sus ideas. Y es lo que está ocurriendo: la batalla se libra en el campo de la disputa cruda de poder. Por eso los movimientos de esta semana, preludio de definiciones la que comienza en domingo, son tan importantes.
El cuadro comparativo de AdHoc:
