En un contexto signado por las peleas con la oposición a raíz de la conformación de las comisiones y los cuestionamientos judiciales al DNU 70, el presidente Javier Milei resolvió doblar la apuesta y acelerar a fondo: el martes comenzará el tratamiento del mega proyecto de ley que podría permitirle desregular buena parte de la economía argentina y tener un amplio margen para tomar decisiones por decreto los próximos cuatro años.
En efecto, las autoridades de la cámara de Diputados confirmaron en forma oficial que realizó la convocatoria a Reuniones Informativas Conjuntas de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales para el próximo martes y miércoles entre las 14 y las 20. En la práctica significa dar el primer paso formal para intentar tratar el extenso proyecto de ley el próximo jueves 25, un día después del paro de la CGT y las CTA.
El llamado incluye la presencia en el Congreso del jefe de Gabinete Nicolás Posse y del ministro de Economía Luis Caputo, que explicarán la iniciativa. A la vez, el gobierno desoye por ahora los pedidos de la oposición para que se presente el autor intelectual de la norma, el economista Federico Stuzenegger. Argumentan que no corresponde su presencia porque se trata solo un asesor ad-honorem, sin un cargo formal en el Gobierno.
En las notas por las cuales fueron convocados los diputados se les solicitó que hagan llegar las preguntas que consideren necesarias antes del lunes a las 20. Por tratarse de reuniones ‘informativas’ no se contempla la posibilidad de que en las mismas se pueda avanzar con la firma de dictámenes. También se aclaró que los funcionarios podrían participar de forma remota
El presidente ordenó celeridad a pesar de los debates al interior del gobierno, que fueron negados por el portavoz Manuel Adorni pero son visibles en las posiciones diferenciadas de sus integrantes. Mientras el ministro del Interior, Guillermo Francos, acepta dar marcha atrás y “clarificar” aspectos del proyectos vinculados a la actividad pesquera, Posse, con menos visibilidad pública, apuesta a la estrategia del “todo o nada”.
Los que sostienen esta última visión piensan en el desgaste que podría sufrir la imagen de Milei a causa del ajuste que ya fue puesto en marcha con decisiones que están por fuera de lo que contiene el proyecto y que podrían hacerle perder con el paso de las semanas poder político para imponerlo. Los que están en la vereda contraria temen que intentar imponer el paquete completo termine alejando a un sector de aliados que sería clave para el trámite parlamentario de la norma.
Con la propuesta, que el gobierno llamó “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, el Gobierno se propone avanzar, entre otras cosas, en la privatización de empresas públicas, cambios en el sistema electoral, modificaciones tributarias y la suspensión de la actual fórmula de movilidad jubilatoria. También contiene una inédita cesión de facultades al Ejecutivo para tomar decisiones por decreto que, prórroga mediante podría prolongarse todo el mandato presidencial.
Mientras, la vicepresidenta Victoria Villarruel formalizó el 30 de diciembre la conformación de las comisiones de Acuerdos, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Relaciones Exteriores y Culto y Asuntos Administrativos y Municipales, que deberán discutir la “ley ómnibus”. También designó a los ocho senadores que integrarán la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo encargada de discutir el megadecreto: tres pertenecerán a UP y los cinco restantes a LLA y aliados. (DIB) AL