El municipio de General Pueyrredon tendrá ahora una “Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal”, una alícuota del 3% sobre el valor de los combustibles líquidos sin impuestos, lo que implica un impacto del 1,86% en el valor de salida del surtidor.
Este tributo es una de las principales novedades de la ordenanza Fiscal que este jueves aprobó la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, según informa la web 0223.com.ar, que dio cuenta del rechazo de la oposición. Sin embargo, el Pro argumentó que no se trata de la creación de una nueva tasa, sino de extraer el componente “mantenimiento vial” de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) para individualizarlo.
El concejal oficialista Agustín Neme explicó que “es más justo y equitativo” que antes, ya que “el arreglo de calles hoy lo pagan el 100% de los marplatenses y batanenses, usen o no las calles”, mientras que ahora “quien utilice bicicleta, se maneje en colectivo o caminando, deja de pagar esa contribución, solo la abonarán aquellas personas que utilicen el vehículo”.
En cambio, los bloques de la oposición expresaron su postura contraria. “Progresividad implica ver la capacidad de pago de cada persona. ¿La progresividad de la tasa vial cuál es? Cualquier vecino que utilice su auto va a pagar lo mismo que otro vecino que tiene un auto importado modelo 2024”, opinó Ariel Ciano, del Frente Renovador.
Desde La Libertad Avanza, en tanto, hicieron foco en la inconstitucionalidad de la tasa. “Es contraria al decreto ley de Vialidad Nacional, donde nos comprometemos a no establecer gravámenes locales sobre combustibles”, opinó Cecilia Martínez.
Desde Acción Marplatense, Eva Ayala también puso el acento en las objeciones legales. “Por su inconstitucionalidad está destinada al fracaso”.
Denuncia contra las tasas viales
El fin de semana, en un artículo publicado por la agencia DIB, Hernán Landgrebe, secretario de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra), había planteado el problema de las tasas municipales.
“Desde Fecra hemos hecho presentaciones en la Justicia. Un caso es el municipio de Pinamar, que cobra un 3% por encima del precio y eso no lo paga el operador, lo paga el consumidor”. Pero también tiene su perjuicio para el estacionero porque “redirige la demanda”. “Un intendente pone tasa, otro no, ¿dónde va a cargar la gente”, explicó. (DIB) GML