El Director General de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, se manifestó contra las reformas de la Ley de Educación Nacional 26.206 que figuran en la llamada “ley ómnibus” que impulsa el Ejecutivo y que tratará el Congreso. A través de un hilo publicado en su perfil de la red social X/Twitter, el funcionario bonaerense analizó con los cambios propuestos y habló de coincidencias, como “la necesidad de evaluar constantemente al sistema educativo, enfatizar el conocimiento de la matemática y la lecto comprensión, las evaluaciones periódicas”, pero también de “profundas diferencias”.
“También señalamos nuestras profundas diferencias: Empezamos por una propuesta ‘tribunera’ como es el arancelamiento de estudios universitarios para extranjeros no residentes, un guiño para el electorado duro”, escribió Sileoni y explicó que “sobre un total de 2,5 millones de estudiantes universitarios, solamente algunos miles pueden entrar en esa categoría, lo que resulta totalmente irrelevante en términos de costos”.
Asimismo, indicó que “no es aceptable la propuesta de habilitar estudios a distancia, híbridos, como alternativa a la educación presencial para niños y niñas del segundo ciclo de la educación primaria, que tienen ¡8 ó 9 años de edad!”.
“Es una medida contraria a socialización, a la construcción de vínculos que acompañarán a los niños toda la vida, a la relación humana de cercanía con maestros y con pares. No está bien. Es innecesaria, a menos que detrás asomen posibles negocios con plataformas digitales”, cuestionó.
que prescribía que “el Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública.”
— Alberto Sileoni (@AlbertoSileoni) December 29, 2023
En tanto, Sileoni no negó que “es importante lo que se añade”, pero aseguró que “quizá más importante es lo que se ha quitado al reformar las normas”. En esa línea, especificó: “Se suprimió el artículo 10 de la Ley de Educación Nacional, que prescribía que ‘el Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública'”.
“Es evidente que se avanza con la intención de abandonar el paradigma de pensar la educación como un bien personal y social garantizado por el Estado y concebirla como un bien transable, de mercado”, remarcó y agregó que esa postura está “en línea con la intención del gobierno de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que sostiene esa posición”. (DIB) ACR